Ley de Mecenazgo: promesas y promesas, y ninguna resolución

La deseada Ley de Mecenazgo para el ámbito cultural en general, que deben haber resuelto hace décadas los distintos gobiernos centrales, aún está en borrador o en intenciones de proyecto, para ser aprobada y su entrada en vigor. Promesas y más promesas de estos tahúres del embuste, que en el programa político del partido del Gobierno está escrito y asumido como compromiso social, pero continúa embarrada en la ciénaga de la desidia y sin resoluciones in illo tempore.

El ministro de Cultura, tamquam tabula rasa de la incompetencia, ha anunciado hace días, que se está ultimando la ley para ser aprobada próximamente en el Consejo de Ministros. Más palabras y brindis al sol.

En ella se recoge que las personas particulares podrán deducir del IRPF el 75% de un máximo de 150 € donados, y si es más cantidad, en un 30% devueltos (como ocurre actualmente con las donaciones a ONG y entes privados sin ánimo de lucro, reconocidos por el Estado); y las empresas podrán desgravar hasta un 40% de las inversiones, que con ese carácter donen como mecenas; pero no, en calidad de réditos publicitarios propios, por ser considerados a favor de la entidad.

En juiciosa comparativa con otros países europeos en sus leyes de mecenazgos, Italia condona hasta el 100%, y en las personas físicas del 19% de lo invertido; Francia, el 60% para las empresas y en los particulares hasta un 66%; Inglaterra, el Estado asume el 40% de las inversiones culturales, y la inversión privada alcanza el 16 %, y el juego de azar el 2% para cultura.

Esta ley de mecenazgo que figuraba inscrita en el organigrama de sus incumplidas promesas electorales del Gobierno central, no había sido considerada como tema prioritario hasta ahora, por la situación de los números rojos de las cuentas públicas, según sus alegatos. Pero cumplirla es harina y no mohína. O solo la proclaman para hacerse la oportuna publicidad de eficacia y ofrecer la imagen del ‘bienestar social’ en que vive la nación, según aducen este Gobierno, en el mundo de fantasía cinematográfica en que se ha instalado.

Quizás con ella quiera resarcirse de los ultrajantes impuestos del IVA con el 21% gravado a la producción cultural en general, habiendo hundido a este sector y obligado a los artistas y creadores a abandonar. No es la cultura un lucrativo negocio de generar altos dividendos, para imponerle tan exorbitados arbitrios fiscales.

La Cultura es de obligado cumplimiento por el Estado de ofrecerla como un derecho social, constitucional, democrático y un bien común para toda la sociedad, y gran parte de ella con gratuidad permanente. Y nunca jamás puede ser tratada como una empresa de bienes gananciales. Si debe pagar el IVA o el IGIC, que lo sea en su menor cuantía y de especial trato en su cuidado y mimo.

Los protagonistas o los que hacen posible la cultural, crean un bien impagable a la sociedad generando unos momentos de felicidad y de complacencia durante el tiempo de su disfrute. Además, debe estar, sin equívocos, potenciada económicamente con el dinero de todos, el mismo caudal que administran eventualmente algunos sesudos en saberes infusos y panaceas para lograr el bien común.

Con esta loquinaria tributación actual, que pasó del 8% anterior, logró el impositivo ministro de Cultura, más a favor de la incultura, –y por su utópica Lomce, que a nadie contenta en la Educación–, cargarse la cultura en los proyectos y producciones privadas, en todas las latitudes del territorio nacional. Todo ello impuesto con la sonrisa permanente en ristre, que le caracteriza la hipocresía en su singular ‘benevolencia’.

Esta financiación de la Cultura por iniciativas privadas es más necesaria que nunca por el indolente receso económico que padecemos desde hace ya un lustro. Aunque no hay que pedirle a las empresas en estos momentos, que apoyen a la cultura, cuando todas (no las privilegiadas que siguen con sus bienes gananciales al alza en el IBEX), hacen malabarismos para salir del atolladero para autofinanciarse.

En Canarias, futura la Ley de Mecenazgo, Patrimonio Histórico y Cultural y de Bibliotecas, también está en sempiterno propósito. Existe un borrador acabado desde 2013 durmiendo el sueño de los justos. No tiene la gallardía suficiente el Ejecutivo de afrontarla para que entre en un formato legal vigente, especialmente por las penurias de los presupuestos culturales, que como pauta ha carecido siempre el Archipiélago.

Sin duda, esta ley trata de equilibrar los intereses públicos y privados en todos los proyectos culturales sin carácter lucrativo. La ley es de suma importancia para que los proyectos culturales se dinamicen, sobremanera en estos momentos de agonía económicas, en que el Gobierno Canario ha retirado una gran cuantía de los presupuestos culturales.

La participación privada en la vejada cultura canaria hace que ésta esté viva, activa, y lo mejor, que no dependa de los vagos criterios y caprichos de la Consejería, en afinidades a sus partidos políticos y a favor de determinados creadores artísticos en general. El mecenazgo hará predilección por proyectos cualitativos, sin colores, carnés o simpatías.

No obstante, especialmente para Canarias, por las diferencias poblaciones de las islas capitalinas con las restantes, será arduo difícil que los mecenas y patrocinios lleguen a las islas menos favorecidas, por lo que se requiere del Gobierno Autónomo un constante apoyo económico para la muy necesitada cultura de nuestra región.