Ley de Renovación Turística (y 2)

Señalaba en un primer artículo que Nueva Canarias comparte el objetivo de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias que se debate en el Parlamento canario; al tiempo que expresaba nuestra preocupación con la falta de debate y participación social en el procedimiento de elaboración y, asimismo, con buena parte del articulado. Así como nuestra discrepancia, sobre todo, con la falta de evaluación, pese a que estaban obligados a ello. Resulta imprescindible conocer, una década después, cuántas plazas alojativas se han renovado, qué espacios públicos se han mejorado o cuántas plazas de alta calidad se han incorporado a nuestra oferta turística.

Hemos presentado un total de 24 enmiendas parciales al proyecto de ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias, destinadas a mantener los objetivos y principios de las directrices y de la moratoria, es decir, la apuesta decidida por la renovación de la planta sin ocupar nuevo suelo, la diversificación y cualificación de la oferta.

Enmiendas que, asimismo, inciden en el reconocimiento de la diversidad de los modelos de desarrollo turístico de las Islas, realidad que no parece querer entender el Gobierno CC-PSOE, cuya postura va en detrimento de los territorios insulares, su diversidad y competencias.

Insularización

En el asunto del límite cuantitativo seguimos manteniendo el criterio adoptado en 2003 por la Ley de Directrices. Defendemos que el crecimiento alojativo tenga un límite cuantitativo del 1% de las plazas legales existentes en el Registro General Turístico de Canarias, y tres años de duración, planteando, además, la insularización del mismo. Cada planeamiento insular, dentro de este cupo anual, determinará las modalidades que desee permitir, siempre superior a las 4 estrellas.

Señalamos, igualmente, que el cabildo insular determinará el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas para estos proyectos de especial interés, pudiendo acumular el cupo anual máximo autorizado durante los años de vigencia de esta ley a la hora de conceder las autorizaciones previas solicitadas.

Por otra parte, planteamos que se determine por ley trienal, y no por decreto como hace el proyecto, tanto la continuidad de la moratoria como la continuidad y/o modificación de los incentivos propuestos en la misma. Por razones de seguridad jurídica y de control democrático.

Esto se debe acompañar de una comunicación del Gobierno al Parlamento analizando la evolución de la demanda y de la oferta, así como el proceso de renovación y recualificación en esos tres años; algo que, lamentablemente, no se hizo a la hora de elaborar este nuevo texto legislativo, incumpliendo lo establecido en las directrices.

Una de nuestras enmiendas más relevantes a la Ley de Renovación y Modernización Turística va dirigida a superar el insuficiente estímulo que ahora mismo tiene la renovación de la planta alojativa obsoleta, lo que hace esta prácticamente inviable, como hemos podido comprobar estos últimos años, situación acentuada por la profunda crisis económica que vive el Archipiélago.

Incentivos renovación

En este sentido, aún reconociendo la mejora que la nueva ley introduce respecto a los incentivos edificatorios, una de nuestras enmiendas al texto mandata al Gobierno de Canarias a proponer un programa de incentivos económicos, fiscales, crediticios, administrativos y laborales destinados a favorecer la renovación, concertando las mismas con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras, en su caso.

Y de manera muy especial a la implementación de un programa plurianual de inversiones públicas en las áreas a renovar en las ciudades turísticas, una necesidad que nadie discute porque, además, se convierte en un claro estímulo para las inversiones privadas.

En lo que respecta a los Proyectos de Modernización y Mejora (PMM) turísticos, figura estelar de proyecto de ley, defendemos en nuestras enmiendas que también los puedan formular ayuntamientos y cabildos y no sólo el Gobierno. También que, en ningún caso, se superpongan en sus atribuciones al planeamiento municipal ni al planeamiento insular adaptado a la Ley de directrices.

No queremos que sea el Ejecutivo canario de manera exclusiva quien decida lo que hay que hacer en cada zona turística imponiéndolo al planeamiento municipal y negociándolo (a través, probablemente, de una empresa pública como Gesplan) con los empresarios que quieran renovar y acogerse a un PMM, saltándose a la administración local.

Asimismo, planteamos limitar la proliferación del producto turístico “villas”, a través de exigencias de calidad de la parcela y la edificación 800 metros cuadrados de superficie y 150 metros construidos); además, deberán ubicarse, por lo menos, a 200 metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre. Las villas han quedado fuera de la moratoria y se pretende por parte del Gobierno autorizar la reconversión de residencias en villas en zonas turísticas, que no nos parece mal si se exigieran claros parámetros de calidad.

Otra de las enmiendas trata de frenar un nuevo ninguneo del Ejecutivo a los ayuntamientos. En ella exigimos que los proyectos de renovación tengan obligatoriamente que obtener la licencia municipal, de las que sorprendentemente se les exonera.

Por último, a través de una enmienda, se mandata al Gobierno a realizar un informe exhaustivo en el plazo de un año para estudiar con la mayor precisión posible la oferta alojativa irregular, no reglada e ilegal; y a presentar un proyecto de ley que la intente regularizar o eliminar, dotando al departamento competente con más instrumentos materiales y humanos. Otra gran tarea pendiente, mandatada por las directrices y sistemáticamente incumplida.

En definitiva, mediante un conjunto de enmiendas intentamos mejorar sustancialmente los contenidos de la la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Insistiendo en la relevancia de incentivar la imprescindible renovación de la planta y de la ciudad turística; limitando el crecimiento, evitando la sobreoferta y la ocupación de más suelo; apostando por la calidad y la diversificación de la oferta; exigiendo el reconocimiento de la diversidad de los modelos de desarrollo turístico de las Islas y, en consecuencia, estableciendo decisiones que respeten las competencias y los modelos turísticos insulares.