Este manual del neoliberalismo aplicado en Canarias ha supuesto la privatización de todos los servicios públicos, del agua, de la electricidad, de sectores estratégicos, de la vivienda, lo que se une a la renuncia del Estado a cobrar íntegramente todos los impuestos a los empresarios que ganan más dinero porque, dicen, somos ultraperiféricos. Junto a las privatizaciones, se aplica ese conocido eufemismo, adelgazamiento del sector público, que en Canarias nos sitúa a años luz de la media europea en empleo público.En las repúblicas bananeras, otras características son la realización de obras innecesarias, una corrupción galopante y un enriquecimiento brutal de los dirigentes políticos, que en algunos casos tienen que huir, como sucedió con Alan García en Perú (que se refugió en Francia hasta que prescribieron sus delitos económicos) o Sánchez de Lozada, evacuado por la Embajada de Estados Unidos de Bolivia en un avión lleno de maletines cargados de dólares.A estos países, y a Canarias, donde se ejerce un abrumador control social mediante la Ley Electoral, se pueden aplicar estas palabras que dedica Noam Chomsky a Filipinas: “en la democracia filipina, la mayor parte de la población no está representada. Los políticos son abogados, ricos empresarios o terratenientes (…) Sólo los que poseen dinero y fuerza pueden ser elegidos. Los candidatos son principalmente antiguos funcionarios electos, parientes de familias políticas poderosas y/o miembros de de la elite económica que no son representativos de la mayoría rural o siquiera de los ciudadanos que se manifestaron para derrocar a Marcos”.En su libro El miedo a la democracia, Chomsky expone: “Difícilmente es una ley de la naturaleza que unos pocos hayan de mandar mientras la multitud obedece, que la economía tenga que estar orientada a asegurar lujos para unos cuantos (véase la mansión de José Manuel Soria o el chalet de su amigo el señor Miguel Zerolo), o que el destino -incluso la supervivencia- de las futuras generaciones sea descartado como irrelevante para la planificación”.¿Cómo se evita que la mayoría de la sociedad se dé cuenta de este mangoneo? En la actualidad, sólo puede hacerse mediante la coacción ejercida desde el poder y por el control de los medios de comunicación de masas, que contribuyen necesariamente al mantenimiento en el poder de la elite dominante, condimentado con una gran dosis de populismo, el mismo que se critica, precisamente, a dirigentes latinoamericanos. Cuchipandas, paelladas, paseos ilegales en tranvía, paseos en barco, conciertos, fiestas, almuerzos y cenas donde se invita a cientos de personas que consideran que el político que los invita, bien Miguel Zerolo, Manuel Barrios o Ana Oramas, por ejemplo, son seres superiores. El poder comunica poder y acompleja al ciudadano común, educado en una cultura represiva, de sometimiento y obediencia ciega a la autoridad, herencia del franquismo. En el Estado español, ese complejo y esa renuncia a asumir la condición de ciudadano, es decir, de alguien que quiere que sus derechos no se queden en un papel, sino que sean reales, se alimenta en parte por la presencia de la monarquía: los superiores entre los superiores, cuya descendencia nace en una clínica privada elitista adornada en su entrada con el escudo de la bandera franquista.Dado que el objetivo de los medios es desviar la atención del poder y sus operaciones, prosigue Chomsky en El miedo a la democracia (1990), “una amenaza para nuestros días debería ser lejana: ‘el otro’ debería ser muy distinto de ‘nosotros’ o, por lo menos, lo que se nos ha enseñado a aspirar a ser. Los objetivos establecidos deberían ser lo suficientemente débiles como para atacarlos sin coste; también ayuda que el color no sea el correcto. En pocas palabras, la amenaza debería situarse en el Tercer Mundo o los barrios pobres de nuestro propio país”.Es lo que ha hecho este fin de semana la televisión autonómica o el diario ultrainsularista, ocultando la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa de las parcelas de Las Teresitas, amplificando la llegada de pateras o la versión del alcalde Zerolo, impidiendo que los ciudadanos tengan derecho a una información veraz, lo que se recoge en la Constitución de 1978.Una minoría instalada en el poder gasta inmensas cantidades de dinero que no se sabe de dónde sale, que nadie investiga cuando está más que claro que han sobrepasado los límites legales establecidos, con el fin de aturdir y confundir, enviar mensajes desalentadores (tratan de decirnos que no habrá cambio, que no es posible)… de manipular y engañar. Pero el régimen está tocando a su fin. Zerolo es un cadáver político después de la sentencia del Supremo que establece que se pasaron por el arco del triunfo los informes periciales para pactar un precio entre compradores y vendedores. Los pillaron en las formas, que es lo último que se puede perder en una democracia por precaria que sea porque, a veces, la Justicia actúa… de paso para enmendar la plana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un aviso para la Sala que instruye el asunto penal donde está encausado Miguel Zerolo, porque el Supremo no analiza el fondo: si hubo o no prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el camino ya está trazado. Por eso Zerolo es un cadáver político y lo saben él y todo su equipo de asesores y algunos mercenarios externos que hacen caja con las elecciones desde medios de desinformación masiva.El triste papel que le tocará jugar a Paulino Rivero puede ser el de enterrador de un proyecto que va a morir políticamente por sus propios excesos, por su derroche, por su prepotencia, por los evidentes signos de ostentación de algunos de sus dirigentes, por sus pelotazos, sus negocios internacionales y sus cuentas en paraísos fiscales, mientras el 80% de la población no llega a fin de mes, los trabajadores tienen los sueldos más bajos del Estado, la sanidad es un negocio, principalmente para la cadena Hospiten de Pedro Luis Cobiella, y los estudiantes canarios se estrellan contra un sistema educativo antipedagógico y antisocial. En Canarias, el final de este régimen no sólo es posible sino que empieza a ser una cuestión de supervivencia. La revolución democrática que han disfrutado esas repúblicas que ya son menos bananeras que Canarias llegará aquí, tarde o temprano, al igual que las sentencias condenatorias: porque en casos como el de Las Teresitas hay multitud de evidencias, demasiados rastros, muchas pruebas. Incluso para el TSJC. Ramón Pérez Almodóvar