El Observatorio Ambiental (del Puerto de) Granadilla, ni sabe ni contesta

El caso del OAG es muy llamativo. Según informa en su página de Internet: “El Consejo de Ministros del 1 de junio de 2007 aprueba la creación de la Fundación pública del sector estatal ”Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla“, adscrita al Protectorado del Ministerio de Fomento. Aunque la iniciativa parte de la Comisión Europea, los fundadores materiales son la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. El 11 de abril de 2008 se constituye la Fundación y se aprueba su acrónimo OAG y nombre abreviado ”Observatorio Ambiental Granadilla“. En sus Estatutos figuran, además de la finalidad prioritaria, otros fines vinculados a la observación de la biodiversidad y del medio marino de Canarias y, por extensión, de la Macaronesia.” Creado, pues, a iniciativa de la Comisión Europea para vigilar que las obras del puerto de Granadilla minimizaran su gran impacto ambiental -de ahí su nombre- sus responsables consideraron que este objetivo era demasiado restringido y decidieron ampliar su ámbito de actuación ¡a toda la Macaronesia! Debieron pensar que limitarse al ámbito de la obra portuaria les dejaba mucho tiempo disponible para hacer otros trabajos. Trabajos que, por cierto, estaban haciendo algunas de las instituciones afectadas por los inmisericordes tajos presupuestarios. Lo gracioso es que quitaron la preposición “de” en “de Granadilla” para resumir el nombre, como si no fuera evidente que sólo es una trampa con la que tratan de camuflar un ámbito de actuación ¡nada menos que internacional! No es lo mismo que este observatorio sea del puerto de Granadilla, a que se denomine como el topónimo del municipio. No se entiende igual “Maderas de la Gomera” que “Maderas La Gomera”. Las palabras no son inocentes.

Según la página web del OAG, esta fundación tiene cuatro proyectos de investigación: biodiversidad marina, la tortuga boba, la red natura 2000, la futura dársena de San Andrés y un cuarto sobre la calidad de las aguas portuarias. Todos tienen en común que se solapan con los trabajos de la Consejería de Medioambiente y con otras instituciones relacionadas con la investigación marina en Canarias, con más experiencia en el medio marino, mejores expertos y, lo que es más importante, con mayor control de sus gastos, objetivos y presupuestos. Surgió así una consejería mediombiental paralela, que pugna por apropiarse con los escasos fondos destinados a investigar el medio marino canario, como si sobraran y no se necesitaran para cubrir las necesidades de la depauperada Consejería oficial. ¿Cuál de las dos lleva las directrices sobre la investigación oficial y asesora al gobierno sobre lo que está ocurriendo realmente en la construcción del puerto? ¿la oficial o la paralela? Sin duda será la que no contradiga su política medioambiental intervencionista y la que menos impedimentos le ponga a la realización de la obra en todas sus fases. ¿Se entiende ahora la ventaja de tener dos Consejerías?

Esta amplitud de objetivos del OAG y su dedicación a estos proyectos debe ser la razón por la cual ha descuidado el cumplimiento de sus fines iniciales. Por eso mantienen silencio con respecto al gravísimo impacto ambiental que está produciendo en los paisajes del sur de la isla. El “desconocimiento” de la magnitud del “picoteo” ilegal en todo Tenerife en la búsqueda de materiales de relleno, es fruto de la falta de interés del OAG para acometer su objetivo fundacional.

Desde que el Gobierno Canario comenzó la promoción del puerto de Granadilla, se hicieron públicos informes negativos de los expertos de sus dos universidades, de organismos de investigación, técnicos de las consejerías y, la oposición a su construcción, abarcó prácticamente a toda la comunidad científica. Al igual que lo hizo con la petición ciudadana de debate en el parlamento, las administraciones canarias optaron por desoír los informes y las opiniones que contravenían sus proyectos. Y, para poder sobreponerse a las innumerables pegas y trabas legales que fueron interponiéndose, no dudaron en recurrir a numerosos subterfugios y triquiñuelas, como la de desproteger una parte de la zona del futuro emplazamiento del muelle, eliminar a las especies más incordias de los catálogos de protección y un sinfín de medidas, muy contestadas por la opinión pública y, prácticamente, ninguna apoyada por técnicos y especialistas en la materia. La opción del Gobierno fue la creación de un organismo “independiente e imparcial” que no estuviera ni a favor ni en contra de esta construcción, al que se le encargaría el velar por el cumplimiento de las medidas compensatorias, dictadas para paliar los efectos negativos de la construcción del muelle. Pero este organismo público ha dejado claro en los años que lleva funcionando que no es imparcial aunque, eso si, completamente independiente, puesto que es dueño de investigar lo que su director quiera, aunque no tenga relación con el muelle y su construcción.

La propia existencia de este observatorio, nacido de la desconfianza de un Gobierno hacia los organismos encargados por ley de asesorarlo, le deben de producir al ciudadano recelo e inquietud. Este puerto no se hubiera hecho nunca en la situación, el tamaño, ni en las condiciones que el Gobierno planteó, de haber existido un mínimo de entendimiento y sensatez. Si no hubiese sido por este comportamiento antidemocrático, este Observatorio tampoco hubiera existido. En cualquier caso, las tareas de vigilancia ambiental de las obras del puerto de Granadilla las podrían desempeñar perfectamente las consejerías correspondientes, asesoradas por las instituciones que investigan el medio marino canario, expertas en calcular impactos ambientales, dotadas con los medios necesarios para conocer sus efectos y tomar las medidas oportunas, para eso deberían estar.

Este fiasco era lo esperable si tenemos en cuenta quiénes lo componen y, sobre todo, quién lo preside.

La página web Informa poco y de manera selectiva sobre las obras del puerto. Tampoco incluye en la documentación los trabajos de científicos ni las opiniones de asociaciones y ciudadanos que cuestionen las suyas. Por eso suena a cinismo que aparezcan frases como esta: “La relación de las instituciones europeas con asociaciones ciudadanas, ONG, empresas, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es constante, legítima y necesaria para mantener la calidad de la democracia y la capacidad de ofrecer políticas adecuadas a las necesidades y la realidad. Los ciudadanos tienen derecho a esperar que ese proceso sea transparente, cumpla la normativa y respete debidamente los principios éticos evitando presiones indebidas y accesos ilegítimos o privilegiados a la información o a los responsables de las decisiones.” Cuando el problema de las canteras ilegales para el suministro de los áridos hace meses que aparece en los medios de comunicación, resulta inadmisible que hasta ahora, el OAG no haya tenido a bien contestar estas denuncias ni de aclarar de dónde piensan conseguir los materiales para la escollera, el relleno o los áridos necesario para el puerto.

Tampoco he tenido éxito cuando el día 28 septiembre solicité, como Portavoz de ATAN, información sobre estos temas en su pagina web. Es evidente que en el Observatorio Ambiental (de) Granadilla ni saben, no contestan y, además, incumplen claramente con su prometida y publicitada transparencia.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*