Pensionistas más pobres

La modificación unilateral de las políticas sobre pensiones públicas por parte del PP supone la ruptura del elevado grado de consenso sindical, social y político alcanzado en uno de los grandes acuerdos de estado de la democracia, el Pacto de Toledo, aprobado en 1995 por la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias. Los cambios que pretenden introducir los conservadores se dirigen a ampliar el negocio de entidades privadas y, asimismo, a debilitar el Estado social, como ya vienen haciendo en otros ámbitos como el sanitario y el educativo.

Actualmente la pensión media viene a suponer un 81,2% del salario medio en España. Según el informe Panorama de las pensiones 2011 de la OCDE, esto cambiará a la baja con la nueva legislación. Una persona que se jubile a los 67 años habiendo cotizado 37, o que lo haga a los 65 años con 38,5 de cotización, pasará a percibir el 73,9% del salario medio, unos siete puntos menos de ingresos que ahora.

Los pensionistas del futuro próximo serán, por tanto, más pobres; ampliándose de forma notable la brecha de ingresos entre la etapa laboral y la posterior a la jubilación. Es preciso recordar que en España el 70% de las pensionistas no superan los 1.000 euros mensuales, siendo el conjunto de las contributivas un 25% inferiores a la media de la UE.

Las pensiones públicas no desaparecerán con el nuevo modelo. Pero tendrán mucha menor cuantía, afectando significativamente a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Al tiempo, se potencia la otra vía, la de los planes de jubilación privados, restringidos a quienes se puedan permitir pagarlos.

Antes se ha realizado una intensa campaña, basada en una línea argumental: el Estado se ve obligado a la adopción de medidas drásticas por el progresivo envejecimiento de la población, la elevación del número de pensionistas y que éstos, por el aumento en la esperanza de vida, cobren la pensión más años. Recuerden que ya el FMI alertaba sobre el hecho de que los ancianos “vivían demasiado” y que esto suponía un riesgo para la economía mundial; sus erróneas previsiones y decisiones, como las que han llevado a una de las más graves crisis mundiales, no deben considerarlas muy peligrosas.

Ingresos

Se ocultan, interesadamente, otras variables que afectan a la estructura de los ingresos. Entre ellas, el nivel y la calidad del empleo, la evolución de los salarios, la distribución de la renta, el mayor o menor peso de la economía sumergida (que, en el caso canario y español, sigue estando muy por encima de la media europea) o la inmigración. Factores sobre los que los gobiernos pueden actuar para compensar el incremento del gasto y conseguir mayor nivel de equilibrio financiero del sistema público de pensiones.

Muchos expertos han augurado el fin del sistema de pensiones por inviabilidad económica, pronosticando reiteradamente su carácter insostenible. Lo vienen haciendo desde hace décadas y no han acertado. Lo cierto es que incluso en plena crisis económica, con cifras escandalosas de desempleo (y, por tanto, con muchos menos cotizantes), el sistema ha resistido. El Fondo de Reserva acumulado, en los últimos años, alcanzó, a final de 2010, los 64.375 millones de euros, lo que supone un 6,11% del PIB.

El previsible aumento del gasto futuro por cambios en la pirámide poblacional, con mucha más gente jubilada, no será, en primer lugar, una situación permanente, pues está muy vinculada con el baby boom de los sesenta-setenta; pero le seguirán las generaciones de más baja natalidad de nuestra historia.

Además, el Estado español tiene margen de maniobra a través del aumento de las cotizaciones de los que más ganan, incrementando los niveles de ocupación y mejorando la calidad del empleo, así como elevando el salario mínimo, actualmente de los más bajos de la UE. Incluso recurriendo, si fuera necesario, al sistema fiscal ordinario.

Esta es la clave para el profesor Vicenç Navarro, que destaca que el futuro de las pensiones pasan por centrarse no tanto en la transición demográfica, “sino en aumentar la riqueza del país y su redistribución, mediante medidas macroeconómicas, laborales y sociales; así como medidas fiscales, redistribuyendo desde el mundo del capital (y muy en especial del capital financiero) hacia el mundo del trabajo”.

Esos y otros cambios en la orientación de las actuales políticas económicas y de empleo pueden impulsar si se quiere seguir apostando por el desarrollo de un fuerte y justo sistema de pensiones públicas. Lo que no parece ser, en modo alguno, la intencionalidad del actual Gobierno del PP, que está asaltando el último gran bastión del Estado social, que es el sistema de pensiones. Frente a ese ataque, los ciudadanos y ciudadanas no pueden permanecer pasivos.