Perú: fabricación de miedos y poder político

Pedro Castillo, presidente desde hacía 17 meses, fue arrestado y destituido el jueves 7 de diciembre. Una noticia que se inscribe en una inestabilidad presidencial que se ha convertido en casi histórica. Y que parece el final de un acoso y derribo por parte de los poderes establecidos. Durante su mandato intentó repetidamente realizar cambios y reformas sin lograrlo ya fuera por la oposición apoyada por presiones económicas, diplomáticas y parlamentarias. Castillo no vio otra salida que cambiar el sistema con un reforma.

Unas horas antes se iba a celebrar una reunión parlamentaria. Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento, pero fue acusado –una vez más - en un tercer intento de destitución por corrupción. Declaró así la necesidad de un gobierno de urgencia, así como la movilización de un Congreso “dotado de poderes constituyentes”. Una vez ignorados sus votos, el parlamento votó su destitución por “incapacidad moral”. Según parece 101 de los 130 votos parlamentarios se pronunciaron por la destitución de Pedro Castillo. O sea, gente de los suyos cambió de bando por miedo, ambiciones personales o corrupción.

Perdida su inmunidad presidencial, fue detenido camino de la embajada de México, donde, según la policía peruana (golpista o legalista, según quién la juzgue), tenía la intención de solicitar asilo. Tras su detención se abrió una investigación por rebelión o conspiración. Se añade esta a las otras seis investigaciones iniciadas en los últimos diecisiete meses por la derecha fujimorista. En el marco de estas investigaciones, también se registró el palacio presidencial. Trasladado en helicóptero, el popular exmaestro de 53 años se vio detenido durante siete días en una base de fuerzas especiales en Lima.

Ya se trate de la nueva presidenta Boluarte o de los medios de comunicación, son numerosos los que a favor de Castillo o en contra se ponen de acuerdo para hablar de “golpe de estado”. Algunos llegan incluso a describir el acontecimiento de primera falla en el proceso democrático del país desde los años 2000. Sobre este punto, Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, es claro: “Es un golpe de estado que está condenado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia”. Pero en la calle miles de personas vitorean a Castillo, exigen su restitución y piden la dimisión del Gobierno salido del golpe de fuerza contrario a los propósistos de reforma de Castillo.

¿A qué se debde la estabilidad económica?

En solo seis años han desfilado siete presidentes y se han convocado tres elecciones legislativas. Pese a la inestabilidad política y la serie de escándalos y corrupciones, parece que la economía peruana resiste y uno se pregunta si es porque a las empresas e inversores norteamericanos les interesa tal resistencia a cambios sociales. El propósito del presidente elegido y ahora encarcelado era combatir la pobreza y el desempleo.

Desde 1990, el recurso al miedo y la incertidumbre afecta a diferentes sectores políticos y poderes fácticos en el Perú. No se explica cómo los medios de comunicación plantearon: el miedo al shock económico durante la campaña electoral de 1990; el miedo al retorno de Sendero Luminoso (SL) durante el Gobierno de Alberto Fujimori y durante la campaña electoral del 2000; el miedo a la vuelta de Sendero Luminoso durante la Administración del presidente Alejandro Toledo; el miedo a la fuga de la inversión extranjera durante el mismo período; el miedo al Otro (como en clave), y el miedo a la incertidumbre y acusaciones de autoritarismo ante la candidatura de Ollanta Humala en 2006.

Ya se trate de Alejandro Toledo (2001-2006), Olanta Humalla (2011-2016) o Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), todos fueron acusados de recibir sobornos en relación con el caso Oderbrecht. Este caso regional de corrupción que vincula a las élites políticas con la empresa de construcción brasileña Odebrecht habrá dejado su huella en Perú. Un impacto que llegó hasta el suicidio del expresidente Alan García (1985-1990; 2006-2011), a la edad de 69 años, cuando la policía se disponía a arrestarlo por corrupción.

Siete presidentes en seis años. Ahora es el vergonzoso récord de Perú, que también habrá visto su Congreso cambiar dos veces en el mismo período. Años llenos de escándalos de corrupción, amenazas de destitución y arrestos. Pero con un inamovible Poder económico y judicial de la oligarquía poseedora de consorcios, medios de comunicación y policías privadas propias.

El miedo al coco de los niños fue durante algún tiempo en Perú el miedo al Sendero Luminoso, aunque sus bombillas eléctricas hacía tiempo que estaban rotas y no eran luminosas, excepto cuando se resucitaban con nuevos fusibles propagandisticos y mediaticos, curiosamente en manos de la oligarquía propietaria.

Recordemos a Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos desde 2009, acusado de crímenes contra la humanidad, como la muerte extrajudicial de 25 civiles a través de “escuadrones de la muerte” y la esterilización forzada de mujeres indígenas durante sus mandatos. A pesar de las protestas de las ONG de derechos humanos, fue indultado el 17 de marzo de 2022 por la Corte Constitucional. En 2017, también se le concedió una gracia antes de serle retirada un año más tarde.

Toda una historieta que no es cómica sino dramática o en todo caso tragicómica que deja en el aire el futuro de Perú tras esta nueva presidenta, ya inestable y polémica.

El Golpe que destituye a Pedro Castillo no se perpetró por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que podría ocurrir, y más que un radicalismo presidencial o una vuelta a un sendero poco luminoso, lo que evidenció fue el extremo conservadurismo, ostentación, banalidad, incultura y prepotencia de quienes se consideran dueños del país. Frente a esos sectores y con el tiempo político presionándole Pedro Castillo proponía la construcción de un acuerdo nacional con nuevas elecciones al margen del actual e ineficaz parlamento, pero sus buenos propósitos le condujeron a la cárcel. La estabilidad económica, según algunos comentaristas, se debe a mantener pobres a los pobres y a hacer más ricos a los ricos.

Los jueces y el poder político

La Corte Suprema de Perú ha determinado que el ahora expresidente Pedro Castillo continúe en la cárcel, rechazando la apelación presentada por su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el pasado 15 de diciembre, una semana después de ser destituido al intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto,

La “Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado”, ha señalado el Poder Judicial en un mensaje publicado en Twitter.

Prohíben salir del país al ex-primer ministro Aníbal Torres

El tribunal, que preside el magistrado César San Martín, también ha variado la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia al ex-primer ministro Aníbal Torres (destituido por la presidenta impuesta Dina Boluarte) y le ha impuesto el impedimento de salida del país por 18 meses. En la resolución, la citada Sala suprema ha declarado “infundado el recurso de apelación” presentado por el defensor de Castillo y “fundado en parte” la petición de la Fiscalía para que se varíe la situación de Torres.

Se ha confirmado, de esa manera, la decisión tomada en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en ese momento señaló que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Desde las altas magistraturas se encuentran nuevos elementos de sospecha contra los destituidos y para vanagloria de los victoriosos.

La posición de la defensa 

Durante la audiencia, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, acusó a la Fiscalía de “un afán de acumular delitos” en contra del exmandatario y dijo que no había fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Robles sostuvo que el presidente Castillo no llamó a levantarse en armas durante el mensaje que ofreció el 7 de diciembre pasado y también alegó que cuenta con arraigo laboral, ya que debe volver a ejercer su puesto de maestro en una escuela rural del norte del país

El abogado consideró que no existe peligro de fuga y se preguntó si su cliente tiene que cumplir prisión preventiva por el apoyo que le dan otros mandatarios refiriendose a la predisposición del Gobierno de México de otorgarle asilo político.

En su intervención en la Audiencia el propio Castillo reafirmó que la prisión preventiva que cumple es injusta y una venganza política, y pidió su liberación.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas y tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero si debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno”, sostuvo señalando a las 28 personas que habían fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas. Actualmente el número de víctimas es superior al centenar y asimismo el número de manifestantes detenidos por querer defender la Democracia y las libertades.

La nueva presidenta Dina Boluarte habla en principio de asegurar la presidencia hasta el 2026, fecha en que finalizaba el mandato de Castillo, pero después de las multitudinarias protestas que todavía continuan parece haber cambiado fecha adelantándola al 2024. No somos astrólogos ni adivinos, pero no sería de extrañar que todavía se produzcan cambios, positivos o negativos con intervención de los militares. La historia pasada del Perú tiene varios ejemplos. Citemos el del 22 de agosto de 1930 por el teniente coronel Luis Sánchez Cerro. Otro más reciente, a finales de 1968 el general Velasco Alvarado encabezó un Golpe contra el presidente Fernando Belaúnde, iniciando una dictadura militar llamada Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Nadie puede saber si en caso de revueltas populares masivas las Fuerzas Armadas Militares se sienten obligadas “moralmente” a intervenir a pesar de los jueces del Supremo.