Salud pública precaria y silenciada

A los Técnicos Inspectores de Salud Pública se les han descosido los labios. En las condiciones de precariedad en las que tienen que desempeñar su trabajo día a día, la falta de recursos personales y materiales y la dejadez deliberada por parte de la administración impiden que puedan desarrollar su importante labor con normalidad.

Pero, ¿ y cuál es su labor? Este colectivo de personas lo componen farmacéuticos y veterinarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Inspectores de Salud Pública , titulados sanitarios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Personal sanitario altamente cualificado que desarrolla múltiples actividades de vigilancia y control por razones de prevención y protección de la salud de la población y evitando la enfermedad, controlando los alimentos que consumimos, las aguas que bebemos y en las que nos bañamos, verificando el cumplimiento de las medidas frente a la COVID-19 entre otras muchas cuestiones, que garantizan que gocemos de buena salud y que evitemos la visita al médico, haciendo honor al refrán “más vale prevenir que curar”.

Las precarias condiciones laborales en las que este colectivo tiene que desempeñar tan importante labor han sido denunciadas en reiteradas ocasiones y desde hace años, “haciendo lo que pueden y no lo que deben”, mientras que la administración sigue mirando para otro lado. Queriendo de esta forma silenciar aún más una actividad ya de por sí silenciosa.

La salud pública hace tiempo que dejó de ser la hermana pobre del Sistema Canario de Salud para ser la hermana puta, siendo prostituida y degradada por unos y por otros hasta el punto de hacerla desaparecer, estando en boca de todos y de la que nadie sabe nada. No se sabe que la plantilla de este servicio es escasa, resultando ser la más baja de todo el territorio español, con un ratio de un inspector por cada veinticinco mil habitantes, sin contar la población flotante asociada principalmente al turismo tan importante en nuestro territorio.

No se sabe que este colectivo lleva años reclamando medios personales y materiales para proteger la salud de la población a los distintos gobiernos al frente de la administración sanitaria y que esta se ha mostrado a todas luces indiferente.

No se sabe que la falta de medios impide garantizar la salud pública en Canarias y esta pandemia así lo ha demostrado. No se sabe que si existieran unos sistemas fuertes de prevención, se reducirían drásticamente los factores de riesgo y por ende la prevalencia de numerosas enfermedades como las toxiinfecciones y alergias alimentarias, el cáncer, la obesidad y las cardiopatías, entre otras muchas.

Ante la mirada impasible de nuestros dirigentes, la Salud Pública lleva en huelga demasiados años, y es ahora momento en el que también se unen a esta huelga los Inspectores de Salud Pública que se han visto obligados a tomar la palabra anunciando parones en su actividad a partir del próximo 31 de mayo. Hartos de soportar una situación insostenible, donde la precariedad continuada hace mella en un colectivo ya de por sí insuficiente y socavando de manera directa la salud de todos los canarios.

Es lamentable que los mismos dirigentes que recriminaban a la oposición esta precariedad del servicio hace apenas dos años en el Parlamento, sean ahora los que no responden a las necesidades sanitarias de la población, los que se desentienden cuando se les advierte de las gravísimas repercusiones en la salud de las personas que esta dejadez puede acarrear, a los que la falta de humildad les impide dejarse asesorar por los especialistas de la salud pública, que sí saben, los que denigran mediante la represalia y el hostigamiento diario a este grupo de inspectores que vela por nuestra salud con un afán inquebrantable de servicio público demostrado durante todos estos años, especialmente durante esta pandemia, profesándoles de esta manera el mismo desprecio que sienten por la salud de todos los canarios.

Y es que cuando no se afronta la enfermedad desde la prevención, para que no ocurra, sino desde el tratamiento y la recuperación, cabe plantearse en manos de quién estamos. Estas mismas manos son las que desde hace meses oprimen, ningunean y avasallan a este colectivo, para que no se sepa de su pésima gestión preventiva, pretendiendo acallar a un gremio ya de por sí silenciado. Reservándose para sí el derecho a la protección de la salud de la población, el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la transparencia en la gestión de todos los canarios.

Esta política de la mano dura, el castigo ejemplarizante y la represión desempeñada por estos insignes salubristas por la gracia de dios, es la misma que se pretendió con el mantenimiento del toque de queda y cierre perimetral en toda nuestra comunidad autónoma tras la finalización del estado de alarma, usando un informe de Salud Pública, paradójicamente, como justificación y pretexto, según el cual la vacuna no es suficiente como medida única de prevención para la contención de la epidemia en el contexto epidemiológico mundial en el que estamos. Informe que entre otras cosas pone en relieve la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas además de la vacunación que se advierte insuficiente. Estas medidas, por qué no, podrían ser dotar de medios al Servicio de Salud Pública de esta comunidad autónoma permitiéndoles llevar a cabo todas las acciones preventivas que sean posibles en establecimientos públicos y privados sin necesidad de menoscabar la libre circulación de personas y apelando a la responsabilidad ciudadana ya harta de esta dispepsia pandémica y contribuyendo de una vez por todas a la protección de su salud.

Sólo el tiempo nos dirá la repercusión sanitaria de estas medidas de gestión insuficientes que no han tenido en cuenta la importancia de la prevención de unos y otros, eximiéndose de responsabilidades al grito de “y tú más”. Ahora es la COVID-19, pero más adelante será cualquier otro riesgo emergente para el que tampoco estaremos preparados, como ya nos pasó en diciembre de 2017 con la aparición del mosquito tigre en Fuerteventura, que qué rápido se nos olvida y las preocupaciones que nos causó.

En vista de lo visto, teniendo en cuenta que la pandemia no ha acabado y a la espera de la huelga planteada por los Técnicos Inspectores de Salud Pública en los próximos meses, ante la impasividad de la administración sentenciando al pueblo canario a su suerte y con la resignación que nos caracteriza, ya solo nos queda; mediante un acto de fe, de religión que no profeso; a sabiendas del carácter divino de los derechos y poderes que a estos egregios soberanos que nos gobiernan les han sido encomendados, suplicar desde el silencio : “Perdónales padre, porque no saben lo que hacen”.