Para salvar las crisis (2)

La comparecencia que realicé en el Senado la semana pasada, que estoy trasladándoles en forma de artículo, sirvió para hacer llegar a los grupos parlamentarios la grave situación que padece nuestra gente, los momentos difíciles que atravesamos en Gran Canaria y en el conjunto de Canarias. Confío también que sirva para animar a nuestra ciudadanía a seguir unida para vencer estas enormes dificultades.

El hecho diferencial de Canarias y de Gran Canaria es de carácter geográfico. Somos un territorio archipielágico dividido en 8 islas habitadas y separado por miles de kilómetros de la península y de nuestros principales socios comerciales. Este hecho ha marcado nuestra historia, nuestra estructura social y nuestra economía, y sigue siendo el punto de partida desde el que tenemos que pensar Canarias.

A pesar de que esta realidad se abordó en una ponencia sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, tengo que recalcar que nosotros somos mucho más que insularidad. Somos RUP. Somos regiones ultraperiféricas reconocidas así tras el Tratado de Ámsterdam y recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que en su artículo 349 define como elementos diferenciales y desventajas de las RUP, entre otros, “su gran lejanía, insularidad y reducida superficie…”, además de condicionantes como el de la “doble insularidad” fruto de la fragmentación territorial, un entorno de países empobrecidos que limita la capacidad de exportación y aumenta el flujo migratorio y una enorme densidad de población, muy por encima de la media de la UE, lo que no nos excluye tampoco de la realidad de unas islas vaciadas ni de territorios despoblados en las islas más habitadas.

También nos preocupa en Gran Canaria la situación de despoblamiento de las zonas rurales que además tienen un enorme valor patrimonial, paisajístico y medioambiental. Para su recuperación hemos iniciado un programa denominado “La Cumbre Vive” que pretende la reactivación económica, la revalorización de los espacios declarados recientemente patrimonio Mundial, el turismo sostenible, y la consolidación de la producción ganadera, agrícola, quesera y de la artesanía. Queremos aprovechar la necesidad de conexión con la naturaleza que esta pandemia provoca para facilitar la estabilidad y la revalorización de nuestras zonas rurales.

Por ello es evidente que ante la actual situación, Gran Canaria tiene necesidades especiales adaptadas a su singularidad, que deben concretarse en un plan de reactivación económica y rescate que, a corto plazo, tiene que estar dirigido a la sostenibilidad del empleo y al mantenimiento de las pymes y su competitividad, así como seguir mejorando la calidad de la oferta alojativa turística, acelerando la reconversión sostenible del sector. Es imprescindible ese potente plan de reactivación turística largamente anunciado y muy poco concretado. Hay que hacer un esfuerzo para que Gran Canaria pueda retomar la senda de la recuperación anterior a la aparición de la pandemia, cuando los datos mostraban una mejora en casi todos los indicadores sociales y económicos.

El Cabildo se está volcando en un plan de inversiones y medidas económicas y sociales que atiendan a las personas vulnerables con actuaciones inmediatas de emergencia y a la vez incrementando un plan de inversiones productivas que sirvan al mismo tiempo para modernizar infraestructuras estratégicas y que valgan de locomotora de acciones de la empresa privada para sostener y recuperar el empleo. Estamos haciendo justo lo contrario de lo que se diseñó con las políticas de recortes y estancamiento en la crisis de 2008 y 2010.

La semana pasada les decía que Gran Canaria, pese a sus problemas estructurales, tiene importantes fortalezas. Según Jeremy Riffkin, uno de los mayores expertos mundiales en desarrollo sostenible, somos la “Arabia Saudí” de las energías renovables por la abundancia de casi todas las fuentes de energía limpia conocidas hasta ahora. Somos uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, contamos con población joven excelentemente formada, una universidad pública con más de 20.000 alumnos y alumnas, centros de investigación de alto nivel, un enorme patrimonio histórico, cultural y etnográfico y una infraestructura turística moderna, atractiva y competitiva.

Precisamente por todo ello, nuestra aspiración no puede consistir únicamente en volver a los niveles de desarrollo que teníamos hace un año. La actual crisis no ha hecho más que poner de relevancia la urgencia de renovar nuestro modelo económico y transitar hacia uno más sostenible social y medioambientalmente, más autocentrado en los recursos y capacidades de nuestra isla y más resiliente. Ese modelo se concreta en la transición energética, la digitalización, la innovación y el conocimiento, las economías azul, verde y circular, la movilidad sostenible, el apoyo al sector primario como vía para fijar la población al territorio y luchar contra el cambio climático, así como medidas que nos permitan compensar la lejanía con respecto a nuestros principales mercados.

Pero no podemos perder de vista que Gran Canaria se siente desconsiderada y olvidada. No se está teniendo en cuenta nuestra realidad singular. No encontramos respuesta política certera a nuestras legítimas demandas y se siguen produciendo reticencias económicas por parte del Gobierno de España.

Se tienen que iniciar las transferencias de las competencias incluidas en el nuevo estatuto (ordenación y gestión del litoral, tutela financiera de las islas, municipios y cabildos, promoción de competencia de los mercados…) y garantizar nuestro Régimen Económico y Fiscal y un nuevo modelo de financiación justo con las islas, que nos sitúe en la media de financiación de las comunidades. O el cumplimiento de los acuerdos en materia de carreteras, afianzados tras una sentencia judicial. O la supervivencia de nuestro sector platanero.

Y es que Canarias es una comunidad en la que los recursos fiscales propios tienen una importancia significativamente superior que en la mayoría de comunidades autónomas denominadas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra). En 2019, el último año antes del COVID la recaudación propia supuso en Canarias un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente al 7,7% en el resto de comunidades, a través de diversos impuestos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo, etc. Estos ingresos se han visto fuertemente reducidos y aún hoy seguimos sin saber cuándo vamos a recuperar los niveles recaudatorios previos a la crisis.

Por ello vuelvo a insistir en que es necesario contemplar la especificidad de la financiación de Canarias. Con el brutal descenso de los ingresos propios, además de la suspensión transitoria de las reglas fiscales, es imprescindible que se nos dote de un marco fiscal estable y justo, en el que se permitan unos niveles de endeudamiento sostenible para realizar las importantes inversiones que vamos a tener que ejecutar en los próximos años y décadas. Las administraciones locales e insulares no podemos ser siempre las que paguemos las peores consecuencias en cada una de las crisis, viendo su capacidad de acción seriamente mermada. 

La solución tiene que venir por continuar con la aplicación de programas y criterios de apoyo compensatorio como el que se ha producido con la distribución del fondo estatal de ayuda a pymes y autónomos. Canarias no puede ser tratada exclusivamente aplicando el porcentaje poblacional porque la hondura y la gravedad de la crisis es mayor que en la mayoría de Comunidades del Estado y de los países europeos. Si la lejanía y la insularidad son elementos aceptados constitucionalmente e integrados por la Unión Europea, tienen que asumirse y actuar en consecuencia sin contradicciones o vacilaciones.