El último que llega tiene el mejor echadero
Sé que algunos censuraran esa frase tan canaria con la que titulamos esta croniquilla. Pero apenas les cuente lo que la motiva entenderán el por qué. Resulta que, aunque la Consejería insista en lo contrario, las plazas para estudiar Bachillerato están cada vez más limitadas en la enseñanza pública, o peor, sus aulas más masificadas. El gobierno se agarra a que no es una enseñanza obligatoria como la Secundaria y por tanto no hay obligación de proveer plazas públicas suficientes. Olvida el consejero la antigua reivindicación de enseñanza pública, gratuita y de calidad para todos. Con el truco de la no obligatoriedad disminuyen las plazas y se masifican las aulas. Truco, reconozcámoslo, que termina beneficiando a la enseñanza privada. Otra más de las trampitas del equipo rector de la enseñanza en las islas.
Sabedora de este problema, una alumna que termina primero acude al centro IES Támara en San Bartolomé de Tirajana para matricularse de segundo. Un traslado u otra circunstancia que no viene al caso, la obligan a ello. El centro más cercano es precisamente el IES Tamaran y la alumna acude en tiempo y forma para hacer su preinscripción en el centro. Recordemos que el plazo se abría el 17 de abril y se cerraba el 6 de mayo: la alumna acude el dos de mayo. Se le informa por parte de la administración del mismo de que no hay plaza para ella y se la inscribe en una lista de reserva que se expone debidamente en el tablón de anuncios del centro. Da la casualidad de que la alumna es la única que figura en esa lista de reserva. Nadie más ha pedido traslado al centro. Y nuestra alumna espera pacientemente a que llegue Septiembre y le confirmen si puede estudiar en el centro o no.
Primero le dicen que debe esperar a que terminen los exámenes de septiembre, después que debe esperar a que se termine de matricular y otras hierbas a los que promocionan de primero y son del mismo centro. Mientras, la lista de reserva ha desaparecido, misteriosamente, del tablón de anuncios del centro. Primer mosqueo.
Por último se le dice que no tiene plaza en el centro y debe matricularse en otro sitio con el consiguiente trastorno de traslados, etc.
Pero curiosamente, cuando empiezan las clases, aparecen matriculados cuatro alumnos que no pertenecían al centro ni figuraban en la lista de reserva. Segundo mosqueo.
Cuando los padres acuden al centro se les informa de que en Bachillerato no hay lista de reserva. Afortunadamente la alumna hizo una foto de esa lista. Tercer mosqueo.
Y cuando los afectados insisten ante la dirección del centro se les dice que los cuatro alumnos les han sido remitidos por la Inspección Educativa. Cuarto mosqueo.
Y cuando acuden al inspector D. Rafael Sánchez este les informa de que él no ha remitido ninguna orden al centro para que matriculen a los cuatro alumnos nuevos. Quinto mosqueo.
Y si los padres nos cuentan esto y nos piden que lo publicitemos es porque están hartos de componendas y cuchipandas y de que nadie les haga caso. No han recibido ni una explicación satisfactoria (la de se cometió un error podría valer, aunque no lo creyéramos) ni una solución. Si usted se limita a cumplir con los requisitos y plazos no tiene ninguna garantía de obtener aquello a lo que tiene derecho. Debe acudir al enchufe, al amiguismo, la corruptela para garantizarse aquello a lo que sí tiene derecho. De esta forma se crean redes clientelares, caciquismos y se desprestigia a la administración pública. Los trabajadores y empleados públicos más conscientes llevan años denunciando estas componendas y arbitrariedades. No renuncian a prestar un servicio digno, eficiente, justo y eficaz a los ciudadanos que son los que les pagan el sueldo. Pero la consejería ha olvidado esto último: que el objetivo de toda administración pública no es cumplir con los caprichos del mandamás o amigo de turno. El objetivo es dar un servicio a la gente de a pie. Aquella que no conoce a un jefecillo para que le resuelva el problema ni tiene dinero para pagar una enseñanza privada.
Parece que la Consejería de Educación, pilotada por José Miguel Pérez Pinocho y sus tres asesores de 275.000 euros tiene otra visión. Poner la consejería a su servicio. Conseguir a través de ella una red que les deba favores y así lograr dos o tres votillos más. Garantizarse el echadero.
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