Vuelta a la normalidad

A nadie se le escapa que, prácticamente, una quinta parte del PIB de Canarias desapareció en 2020 debido a la pandemia generada por la COVID-19. A partir de ahí, paulatinamente se ha ido recuperando, teniendo que esperar a 2023 para volver a las cifras acontecidas en 2019. Por otro lado, la evolución demográfica de las Islas ha sido positiva teniendo como principal variable explicativa la población extranjera, tras experimentar un crecimiento del 16%, teniendo en cuenta que en los últimos cinco lustros se ha asistido a un crecimiento vegetativo negativo del -126%. Aparte del envejecimiento progresivo poblacional, la combinación de la evolución del crecimiento económico con la de la población ha originado una estrepitosa caída del PIB per cápita que, en términos comparativos con el resto del Estado español, tenía un índice del 99,6% en 1999 hasta el último dato disponible que se sitúa en el 72,6%, tras haber sobrepasado apenas el 70% en 2020. De hecho, la propia Comisión Europea ha tomado finalmente como referencia para recalcular las ayudas a la inversión el Producto Interior Bruto (PIB) del período 2019-2021, en lugar del utilizado inicialmente de los años 2017-2019. Esta circunstancia ha hecho que Canarias pase del grupo de regiones con el 75% del PIB per cápita medio europeo al grupo del 65%, lo que automáticamente incrementa la intensidad de las ayudas en un 10% a partir del uno de enero de 2024. Tengamos en cuenta que, con los mecanismos de recuperación planteados por parte de Europa hacia España y Canarias fue recalculada la cuantía vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incrementándose hasta los 160.000 millones de euros. De forma concreta, para Canarias, en 2022, la dotación de fondos se ha duplicado, recibiendo una partida de 1.338 millones de euros, implicando un 3% sobre el PIB regional.

Pero se debe tener en cuenta que se asiste a una paradoja en donde un mayor número de personas en la actualidad trabajando originan menor valor medido a través del PIB debiendo, por tanto, acudir al concepto de la productividad. Y, como el salario es lo que retribuye la productividad, la desviación en renta per cápita respecto al resto del territorio se agranda, teniendo en cuenta que la baja productividad compromete la competitividad. Por ello, sería conveniente combinar la existencia de incentivos fiscales y financieros con otras que estimulen la actividad económica, y más en un contexto de crecimiento de los tipos de interés, y así no perder eficacia en la oportunidad generada. Además, esta circunstancia puede incrementar el atractivo a empresas para ayudar a reactivar la economía y generar empleo. Incluso, en algunos casos, las ayudas a la inversión se pueden orientar hacia sectores estratégicos clave.

En definitiva, se sigue mostrando más vulnerabilidad y dependencia que el resto del entorno por lo que es necesario actuar de forma específica sobre el Archipiélago volviendo a implementar un diferencial fiscal más amplio que compense la lejanía y la insularidad así como una desburocratización de los procedimientos, sin perder seguridad jurídica alguna, a través del silencio administrativo positivo junto a la implementación generalizada de la declaración responsable a cambio de endurecer el sistema de sanciones hacia el incumplimiento de la norma a la vez que la carga de la prueba recaiga sobre la administración en lugar de hacia la parte administrada. De lo contrario, todos los años nos asombraremos por algo que se repite ejercicio tras ejercicio los últimos veinticinco años.