Ética periodística y el caso Mamotreto

La RAE define mamotreto, en su primera acepción, como armatoste: un objeto grande y sin utilidad. Este significado es el utilizado popularmente para designar el edificio de aparcamiento y locales comerciales ubicado a la entrada de Las Teresitas, en el barrio de San Andrés. No es una obra aislada, sino la fase II del proyecto diseñado por el arquitecto Perrault para el conjunto de la playa y por encargo del entonces alcalde del ciudad Miguel Zerolo. Es, por tanto, una parte del enorme pelotazo de Las Teresitas. Unos pocos se han beneficiado con decenas de millones del contribuyente, pero, en la playa, el único cambio ha sido el desastre del “Mamotreto”.

La reciente sentencia, como no podía ser menos, ha sido portada en los medios de comunicación y objeto de numerosos comentarios. Aunque en el texto se dice: “Las obras se iniciaron y con fecha de 28 de diciembre de 2006 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una denuncia presentada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) en la que se hacía constar que las obras que habían empezado en la Playa de Las Teresitas no estaban amparadas por procedimiento legal alguno. Así de un lado, advertían que se había iniciado expediente de deslinde marítimo terrestre por parte de la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, circunstancia que suponía la paralización de cualquier autorización para la realización de obras que pudieran afectar al dominio público marítimo terrestre y zona de servidumbre de protección. De otro lado, denunciaba que no se había obtenido la pertinente declaración de impacto ambiental.” La mayor parte de los comentarios en los medios de comunicación eluden mencionar el trabajo de ATAN y su papel en el caso de Las Teresitas, pero en otros se nos acusa, sin nombrarnos, de impedir “que Santa Cruz disponga de una zona marítima decente para el esparcimiento de la población.” (Ricardo Peytavi El Día 24/02/14). Un juicio de intenciones que no tiene nada que ver ni con la realidad -a no ser que entienda que la única manera de adecentar la playa es el proyecto promovido por Coalición Canaria- ni con lo denunciado por ATAN, ni con los fundamentos jurídicos de la sentencia. Se condena a los acusados por las ilegalidades cometidas en el ejercicio de sus funciones políticas o profesionales, no por sus intenciones.

El colmo es que este periodista atribuya a ATAN, pues somos los denunciantes, de estar al servicio de “ intereses envidiosos y sustentados por individuos que no viven en Tenerife ni falta que les hace; les sobra con los colaboradores, delegados y apadrinados que tienen en esta isla, además sin riesgo que alguien los denuncie, ni muchos menos que los sienten en un banquillo y, llegado el caso, los condenen.” ¿Qué datos aporta para sustentar tan peregrinas afirmaciones? Evidentemente ninguno, es una descalificación del denunciante. ATAN tiene más de 40 de historia, fue presentada en sociedad en El periódico El Día, y jamás hemos estado al servicio de nadie, los únicos que mandan en ATAN son sus socios y sus objetivos están claros en nuestro estatutos: la defensa del patrimonio natural y cultural de los canarios, y esa es la razón por la que denunciamos el caso Mamotreto.

Otro articulista de El Día, Andrés Chávez, directamente nos llama idiotas, por denunciar una obra de arte de uno de los arquitectos más importante del mundo, motivo por el cual “no merece ni un juicio penal ni el entusiasmo de la fiscal de medio ambiente, ni la extraña condena a cárcel de los responsables municipales. Si esas son las leyes que se cambien.” Esta supina ignorancia del funcionamiento de un estado de derecho hace comprensible su admiración por uno de los abogados defensores, el que fue un ilegal Fiscal del Estado Eligio Hernández, y que, según afirma, piensa querellarse contra la jueza y la fiscal del caso por “ocultar pruebas intencionadamente.”. Este abogado, que va de prócer de la patria, se permite amenazar, en caso de ser hipotéticamente revocada la sentencia por los tribunales superiores, a la jueza y a la fiscal.

Y, por supuesto, nada tiene que ver la denuncia ni el fallo judicial con su afirmación de que son personas de “reconocido prestigio en sus profesiones” porque nadie lo ha puesto en duda, ni tampoco se pone en cuestión que “han intentado hacer lo mejor para la ciudad, ni [hay] intento de aprovecharse dinerariamente.” Por ninguna de esas cuestiones han sido condenados, lo han sido por actuar en sus ámbitos de actuación política o profesional con contra del ordenamiento legal vigente. Pero este periodista, inventor de la denominación “Don Pepito” para referirse al dueño del El Día -que a pesar de tratar de impedirlo el señor Rodríguez en los tribunales ha tenido mucho éxito- no es precisamente un modelo de periodista comprometido con los principios deontológicos de la profesión.

Otra declaraciones llamativas han sido las del actual alcalde de Santa Cruz al decir que esta sentencia no afecta al ayuntamiento. Debe pensar este señor que la institución no existía antes de ser él alcalde. La obra la promovió el consistorio dentro de un proyecto avalado y aprobado por el grupo de Gobierno de Coalición Canaria, son concejales de esta partido los condenados y se atreve a negar, como si los ciudadanos fuéramos tontos, la evidencia: El gobierno de CC en el ayuntamiento fue el impulsor del pelotazo de Las Teresitas. Han tenido éxito, la playa ha sido un fantástico negocio para unos pocos, pero ésta sigue igual, sin ninguna mejora, desde que se hizo el espigón y se trajo la arena del Sahara Y para conseguirlo no dudaron en saltarse la legalidad, su problema es que en un estado derecho esto merece la condena prevista en el código penal.

Tampoco nombra al principal responsable, al anterior alcalde Miguel Zerolo al que su partido promovió al cargo de senador para aforarlo en el Tribunal Supremo y dilatar todo el proceso judicial en el que está inmerso todo lo relacionado con el proyecto de Las Teresitas. Pero ATAN, de acuerdo con sus estatuto, seguirá recurriendo a los tribunales para defender el patrimonio de todos los canarios y para que se condene a los responsables de la corrupción y el despilfarro de los bienes públicos.