Dos años después de aquel solemne anuncio al que, naturalmente, siguieron todo tipo de improperios y acusaciones sin pruebas por parte de Dolores de Cospedal, hemos asistido atónitos a un proceso en toda regla contra el juez Baltasar Garzón en medio de una auténtica campaña de descrédito alentada desde el PP en la prensa de la caverna, con el entusiasmo indisimulado de un sector de la judicatura ávido de aplicar un correctivo ejemplarizante a quien se atrevió un día a tocar las entretelas del poder. El juicio contra Garzón, y perdón por lo de juicio, quedó este jueves visto para sentencia después de escuchar en esa reverberante sala del Tribunal Supremo cómo unos abogados defensores de unos corruptos atribuyeron al acusado comportamientos que les parecieron escandalosos, monstruosos, infamantes y propios de un programa de reality show. Claro que, gracias a esta fanfarria, hemos podido conocer cómo la Policía sospechaba que varios de esos dignísimos letrados estaban implicados en la operación de blanqueo de capitales que los cabecillas de Gürtel habían obtenido tras saquear las instituciones públicas gobernadas por el PP, entre otras actividades que disuadieron al Colegio de Abogados de Madrid de personarse en la causa y defender a sus colegiados.