Imagínense que un buen dia de diospadre, el Régimen de CC-PP que todavía colea por ahí en forma de cónclaves y presidenciables decide convocar un concurso público para el servicio de ambulancias, pongamos por caso, en 2008 hasta 2013. Y no se imaginen mucho más, sino que den por hecho que ese concurso amasado en la empresa pública del 1-1-2, GSC, dependiente de Sanidad (Mercedes Roldós) y Presidencia (José Miguel Ruano) lo hacen mal. ¡Uy! ¡Un error lo tiene cualquiera! ¡Fue sin querer! Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir (no, la parte esta es más regia, posterior al Régimen CC-PP, incapaz de cazar elefantes). Pero al grano: a esos lotes millonarios del concurso de ambulancias en los que tuvo que ver de asesor ese pedazo de abogado que todavía es Javier Artiles le han estado cayendo una detrás de otra la ristra de sentencias judiciales anulatorias de sus adjudicaciones arbitrarias, digitales, añadimos nosotros para mejor señalar con el dedo. Y una de ellas, la del servicio de La Palma del que se excluye por la cara a un aspirante y se le concede a otro que no cumplía requisito maldito alguno, ha entrado en fase de ejecución de sentencia con la convocatoria de la Mesa de Contratación del GSC, la semana pasada misma, para ejecutar su desastre o conchabo de la manera más chabacana posible: a un solo mes de la finalización del concurso ha declarado desierta la adjudicación del servicio del que se ha beneficiado irregularmente una empresa, Ambulancias García Tacoronte, y perjudicado claramente la demandante ahora ganadora de la nada, Transportes Sanitarios de La Palma. Ni que decir tiene que vienen daños y perjuicios de aquí te espero, y si me acuerdo de quién fue el responsable, no sé, lo pagaremos entre todos. Golfos. Y golfas.