Parece gafada la energía eólica en Canarias. O mejor dicho: cada vez que el Gobierno de Canarias trata de meter mano a las energías renovables, se monta una pelotera. Recordarán lo ocurrido con el primer concurso eólico de 2004, aquel que movió entre Usos Múltiples y el spa del hotel Santa Catalina el consejero del ramo, Luis Soria, y que acabó con su director general de Industria en prisión preventiva. La cosa está aún pendiente de juicio, pero este miércoles la ventolera ha vuelto al panorama político al conocerse las nuevas adjudicaciones en Lanzarote y La Palma. En la primera de estas islas parecen haber salido triunfantes las ofertas de la compañía Alas Capital, en la que aparece un administrador del grupo Anfi del Mar. Por contra, el Gobierno ha dejado fuera de la asignación de potencia eólica nada menos que a la empresa pública Inalsa, dependiente del Cabildo lanzaroteño, lo que ya ha motivado duras críticas de esa institución. No queremos pensar que esa discriminación pueda estar relacionada con la postura irreductible mantenida por ese Cabildo contra los hoteles ilegales que el mismo Gobierno quiere salvar por la puerta de atrás de la Ley de Medidas Urgentes. Sostenibilidad por partida doble, que se dice.