En el Parlamento de Canarias hace tiempo que ocurren cosas muy misteriosas. Una Cámara que es capaz de inventarse una trama inexistente, como la que se inventó en el asunto eólico para tapar las trapisondas de los Soria, o que se lleva por delante los derechos de los vecinos colindantes al edificio con un informe de un letrado al que luego hicieron consejero de Justicia del Gobierno, puede ser escenario de los acontecimientos más esperpénticos que imaginarse pueda. En ese caldo de cultivo tan endémico es comprensible que la Comisión del Estatuto del Diputado, llamada a velar por la transparencia y el comportamiento ético de sus señorías, sea la única de España que tiene carácter secreto. Eso impide, por ejemplo, que se sepa de modo oficial cómo tramitó en su día el diputado Fernández su compatibilidad para coser para la calle . O cuánto cobra como diputado, cuánto como portavoz adjunto del PP o cuánto por otras asesorías distintas a las de Anfi.