En el otro extremo, en el de la utilización de la condición de imputado para descalificar al adversario político sin pruebas consistentes nos encontramos con la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que ha conseguido su propósito de llegar al 22 de mayo con su adversario político, Carlos Espino, imputado por una pila de delitos que ella denunció en nombre del consejo de administración de los centros de arte y turismo del Cabildo conejero. Es indiscutible que Carlos Espino, secretario general del PSC lanzaroteño y ex consejero del Cabildo, está imputado desde enero, cuando acudió a declarar ante el juez, al que le solicitó que practicara una serie de pruebas que teóricamente deberían probar su inocencia. Hasta ahora se desconoce si el juez ha practicado esas diligencias y el resultado obtenido. Del mismo modo, resulta indiscutible la clarísima intencionalidad política de la denuncia contra Carlos Espino, al que algunos indecentes y algunos corruptos (ni siquiera presuntos) de Lanzarote y de fuera de Lanzarote no perdonan que fuera el denunciante del caso Unión, la mayor trama de corrupción de Canarias. Carlos Espino está a la espera de que el juez archive estas diligencias para querellarse contra Astrid Pérez por denuncia falsa.