No da una a derechas el Gobierno de Zapatero con la carrera judicial, dicho sea con segundas. Tras soportar sumiso dos años de humillación en el Consejo General del Poder Judicial por el bloqueo al que sometió el PP la renovación de ese órgano de gobierno de los jueces, ha parido tales decisiones que incluso hasta hubiera convenido dejarlo todo en el estado anterior. Los pactos alcanzados por José Antonio Alonso y Sáenz de Santamaría-Trillo no han hecho otra cosa que transmitir a la ciudadanía una imagen de excesiva politización de ese órgano, y si a eso unimos el nombramiento del ultraconservador Carlos Dívar como presidente del Supremo y del CGPJ, la cosa alcanza cotas esperpénticas. Para colmo, el posicionamiento de Fernández de la Vega y Mariano Fernández Bermejo reclamando sanciones ejemplarizantes contra el juez Tirado, han conseguido indignar a todas las asociaciones de la Judicatura, incluida Jueces para la Democracia, la que en teoría debía estar más cercana a los planteamientos socialistas.