Podríamos considerarla una compra normal si no fuera por las casualidades que la rodean. Justo en noviembre pasado, con Las Teresitas en ciernes, el Gobierno de Canarias puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dos impresionantes automóviles calificados por la Consejería de la Presidencia como pertenecientes al grupo A-1, “de alta representación”. Se los compró el Gobierno, previo concurso público, a la empresa Vemotor, del empresario Santiago Santana Cazorla, por un precio por unidad superior a los 72.000 euros. Son BMW modelo 530 con todos lo extras necesarios para su destino. Unos coches que se incluyen en los nueve que el Gobierno pone a disposición de la Administración de Justicia de modo habitual, y ahora tocaba cambiárselos a los dos altos cargos que viajaban en los turismos más viejos del parque móvil, el presidente, Antonio Castro Feliciano, y el fiscal jefe, Vicente Garrido.