Nadie es capaz de hacer coincidir un par de versiones de cuantas circularon este martes por los alrededores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Corporación en pleno se disponía a adoptar una de las decisiones más impopulares que se recuerdan en mucho tiempo, la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación, cuando alguien ordenó el desalojo del edificio por un presunto aviso de bomba. Ninguna de las cerca de 500 personas congregadas a las puertas del consistorio se creyó tal amenaza terrorista, porque de haber sido así, habría habido un mínimo atisbo de dispersión. Al contrario, el personal se quedó y se lo pasaba a lo grande coreando consignas que hablaban de otra bomba, de verdad, la que había activado el vecindario, cabreado como nunca con sus mandamases municipales. La bomba fue la excusa perfecta para suspender un pleno sin dar el brazo a torcer.