La crisis del boro ha puesto patas arriba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Consejería de Sanidad y a la compañía Emalsa. La denuncia de una asociación de consumidores ante la fiscalía, el cabreo de los ciudadanos y la mala imagen dada por todos no contribuye precisamente a extender entre el personal una sensación de confianza en los que mandan y en lo que se bebe. Pero, además, ha frustrado otras operaciones, como el deseo de Emalsa y el Ayuntamiento de ir declarando algunos barrios de la ciudad como territorios de agua potable, dada la calidad que se iba consiguiendo en el agua potabilizada antes de que entraran en liza los módulos de Isolux. También ha quedado aparcada para mejor ocasión la revisión anual de las tarifas según el IPC, una decisión que ahora mismo no sólo sería impopular sino toda una provocación. Habrá que esperar a después de mayo, cuando pase la tormenta bórica.