La brillante e ilusionante política de personal que lleva a cabo el equipo directivo de la Caja Insular de Ahorros de Canarias sigue dando sus frutos, en este caso en el terreno de lo judicial. Hoy les ofrecemos una sentencia del TSJC condenando a la entidad a indemnizar al que fuera director de la oficina de La Aldea al que, tal como les contamos en su día, sometieron a todo tipo de vejaciones y al despido. Pero no es la única sentencia desfavorable: este martes hemos sabido también de otra en la que se condena a La Caja por haber sancionado a una empleada con tres meses de empleo y sueldo por pagar unos talones por ventanilla que habían sido robados a un cliente y que, por tanto, eran producto de una estafa. La sanción impuesta por La Caja ha sido considerada prescrita por el juzgado de lo Social, que ha condenado a La Caja a abonar los tres meses de salarios a la empleada sancionada. Y encima, no cabe recurso. Más que generar sanciones ejemplarizantes, los directivos pierden credibilidad al tiempo que demuestran que su política de terror con los empleados sólo conduce a la frustración general. Y al ridículo.