Se cuece una larga y agria polémica en torno a la implantación en Canarias, particularmente en Gran Canaria, de las tiendas de descuento duro, pequeños establecimientos de alimentación de entre 400 y 1.000 metros cuadrados que suelen instalarse en barrios cuyos habitantes agradecen enormemente poder comprar a precios más asequibles. Lidl pretende invertir 350 millones de euros, según sus portavoces, y crear en torno a 600 empleos, pero al llegar a Canarias se han tropezado con la dura realidad, y no es otra que el bananerismo. Lidl, que ya opera en Tenerife, está vinculada a la patronal de la pequeña y mediana empresa Facca, el equivalente tinerfeño de la grancanaria Cecapyme, enemiga íntima de Fedalyme, la patronal de la alimentación que resulta en estos momentos más protegida por ATI. Una protección que también en Gran Canaria es la leche. O sea, blanco y en botella.