La respuesta del director general de la Función Pública no se hizo esperar, y el 8 de febrero de 2007 le remitían a nuestro funcionario un escrito en el que sólo faltó recomendarle que repase los conocimientos de Derecho o, en su defecto, se dé un garbeo por la facultad a ver si se le pega algo. “A modo de introducción”, dice el punto primero de la respuesta, “una vez examinada la documentación remitida y la normativa invocada, lo primero a resaltar es la singularidad de lo planteado, e incluso la extrañeza, ya que lo que se pretende parece ir contra los mismos fundamentos normativos que se invocan”. La primera, en la frente, que se dice. Pero sin llegar a la crueldad ni al ensañamiento, el director general le larga un par de bofetones más: “La justificación de la consulta parece radicar en el hecho de que se pretende acceder, por parte del solicitante, al cuarto turno de la carrera judicial, mediante el subterfugio de estar como letrado ejerciente, pero sin ejercer realmente, para completar el periodo de diez (10) años necesarios, según la normativa aplicable, e invocada, de la Ley Orgánica el Poder Judicial”. Lo cogieron a la primera, sí señor. Pero le dieron un poco más en el bebe.