El cabreo no ha menguado. Los consejeros socialistas y nacionalistas en el Cabildo de Gran Canaria están que trinan por la decisión de Rosa Rodríguez, alentada por José Miguel Bravo de Laguna, de dar a conocer los gastos médico-farmacéuticos de los funcionarios y cargos públicos durante el anterior mandato en la Corporación. El cabreo se fundamenta en dos aspectos, de un lado por la revelación de unos datos que, en algunos casos relatados, podrían rebasar los límites de la Ley de Protección de Datos, y por otro lado, que es lo más puñetero, por el daño que se inflige a su imagen y a la imagen de la clase política, tan deteriorada en estos momentos. Paralelamente, consejeros y ex consejeros de la Corporación se afanan en encontrar datos que desmientan ante la ciudadanía que todo en ese pasado mandato fue un derroche. El primero que lo ha hecho es quien se ocupara entonces de las cuentas, Luis Ibarra, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a quien su sucesora dirigió algunos de los dardos más envenenados. Luis Ibarra ha recordado este jueves que el PP y la prensa parecen haber olvidado que su grupo de gobierno se redujo los sueldos voluntariamente en 2008 y que eliminó las dietas por asistencia a juntas y consejos de administración de sus empresas y organismos autónomos en horario de oficina. Hasta entonces era muy frecuente que los consejeros cobraran dietas de más de 100 euros por reuniones de entre 15 y 30 minutos, lo que al año suponían más de 30.000 euros. Rosa Rodríguez puede acreditarlo porque en el mandato 2003-2007 cobró esas asignaciones.