Incapaz de reconocer un solo error y mucho menos pedir disculpas a los ciudadanos, Soria ha huido hacia adelante aprovechando esa especie de salvoconducto que otorga apelar a los funcionarios (“los técnicos”) para dar carta de naturaleza a decisiones puramente políticas. Porque recalificar el canódromo fue una decisión política que luego tuvieron que defender los abogados municipales ante los tribunales porque es su obligación hacerlo. Y la decisión se adornó entonces (y ahora vuelven a las andadas) en la conveniencia de acopiar un pequeño parque a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos para la propiedad. Soria no sólo miente sino que, además, oculta datos muy relevantes, como las cualificadas opiniones técnicas contrarias a meter más aprovechamiento residencial en una zona que presenta los ratios más altos de densidad poblacional en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.