Más rápido fue el juez Alexis Reyes, instructor en retirada de la operación Góndola, que detectó unas conversaciones muy picantes entre el empresario Santana Cazorla con el presidente Adán Martín; el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y el jefe de Gabinete del presidente, Salvador Iglesias. A Reyes pareció quemarle ese asunto entre las manos, y sin practicar diligencia alguna, lo remitió a la Sala de lo Civil y Penal con el resultado por todos conocido: allí no hubo delito, y si se escuchaba en las conversaciones al constructor hablando de “apretar los tosnillos” a los funcionarios para que se agilizara el asunto de Anfi Tauro (vaya, por Dios, siempre Anfi Tauro merodeando el TSJC) fue en defensa de sus intereses legítimos como empresario. No sabemos si Parramón se pasó reteniendo el caso Martín hasta que estuvo seguro de que allí había delito, o si Reyes se quedó corto apartando de él aquel cáliz. El caso es que el asunto del ex presidente de la Audiencia prosperó y resultó condenado y el de los altos cargos gubernamentales se saldó con un tirón de orejas al magistrado y un ¡viva Cartagena! a la clase política canaria. El tráfico de influencias quedó devaluado como quedó devaluado el cohecho con el archivo del caso Salmón.