Para que no faltara de nada para que este vodevil en torno a la Biblioteca Pública del Estado se complicara todavía más, a los vecinos del edificio San Telmo se han sumado los del edificio colindante, que también quieren sacar tajada por los contratiempos que la construcción de la biblioteca pública pudiera haberles ocasionado. Le crecen los enanos al circo montado por el alcalde Cardona, que ya ha sido multado (al menos una vez que sepamos) por no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. La única solución que los expertos barruntan es que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con los afectados, un acuerdo económico, por supuesto; hacerles firmar un compromiso de que nunca jamás pedirán la ejecución de esa sentencia, y acto seguido cruzar los dedos para que ningún ser humano tenga la ocurrencia de hacerlo. Porque no están ni el Supremo ni el TSJC para andar persiguiendo el cumplimiento de oficio de sus sentencias, pero como alguien lo solicite estarán obligados a ordenarlo. A los vecinos del edificio de San Telmo se les ha ido el asunto de las manos, pero no conviene culpar a los afectados porque la responsabilidad fue exclusivamente de los gestores políticos que vulneraron una tras otras todas las prescripciones legales. Y esos responsables tienen sus nombres y sus apellidos: el concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en aquellos momentos, José Manuel Soria.