José Manuel Arnáiz, presidente de la Autoridad Portuaria, por la gracia de Soria y Mauricio, dice la mitad de la verdad cuando explica el modo y manera que dice tener esa institución para ponerse a contratar obras. Pero además de las que recoge la ley, que incumple, él conoce otras, como la que aplicó en este caso. Cuando se montó el follón del dique Reina Sofia, hubo que hacer un reformado para el acortamiento y todo eso que ustedes ya saben. El proyecto técnico costó 772.000 euros, unos 120 millones de los de antes, y sirvió para parar el proyecto del dique largo y contratar a la misma UTE el proyecto chico. El encargo se hizo sin concurso, como es menester, y se adjudicó a la empresa Tipsa, ingeniería de Madrid que dirige Pascual Peri Paredes, antiguo director del puerto de Las Palmas y amigo de Arnáiz, pero sobre todo de José María Hernández, Chema, del que hablamos menos de lo que debiéramos. Arnáiz en persona pidió muy amablemente a la UTE Fomento-Matías Marrero que encargaran y pagaran el proyecto. Por lo tanto, nos podemos encontrar ante un pago indebido, pero lo que sí hay seguro es falta de licitación. Otro escándalo para el curriculum.