Lo que se apresta a investigar el TSJC no es solamente una presunta prebenda, dádiva o atención a cambio de una declaración de interés general para el proyecto de Anfi Tauro. El asunto tiene un largo recorrido porque se gestó en los inicios de un largo expediente que nació en el Cabildo de Gran Canaria, pasó por el Gobierno y acabó en el pleno del Parlamento con el que terminó la pasada legislatura. Fue aquel pleno en el que se acordó sacar de la moratoria 5.500 camas turísticas, entre ellas 1.700 para la urbanización Anfi Tauro, cuyo propietario invitó a Soria a la pesca del salmón. Y fue aquella tramitación que incluyó las indecentes conversaciones telefónicas de varios miembros del Gobierno con el empresario Santiago Santana Cazorla, co-propietario de ese complejo turístico. Las que fueron archivadas por el TSJC por iniciativa de la Fiscalía al no apreciar indicios de delito.