Un escáner para los juzgados, 3.000 euros

Malos tiempos para los jueces en España. Tras la apoteósica caída de Baltasar Garzón por autorizar unas escuchas en prisión en la búsqueda de pruebas de la ya demostrada y generalizada corrupción en el PP, toca el turno al juez Pablo Ruz, al que el Gobierno ha cambiado la consideración de dócil y entregado a las apreciaciones de la Fiscalía por la de rojo, masón y desafecto, lo que le va a costar su regreso a un juzgado de instrucción de Móstoles. Los navajazos proferidos por los tentáculos del PP en el Poder Judicial han desembocado en que se saque a concurso la plaza que ocupa en la Audiencia Nacional después de haber hecho dos piruetas tan infames como esta: primero, evitando que pudiera hacerse cargo del caso Bárcenas el magistrado Gómez Bermúdez, igualmente colocado en esa jurisdicción por el PP en la creencia de que sería cómodo para el poder; y luego impidiendo que se reincorporara a su plaza natural –en el juzgado que ocupa Ruz transitoriamente- su titular, Miguel Carmona, enviado al extranjero para mejor proveer. A este descarnador escenario de intrigas y de invasión totalitaria del Poder Judicial por el poder ejecutivo se sumó este viernes el proyecto del Gobierno de permitir a Interior hacer escuchas indiscriminadas ante casos de gran relevancia que, por supuesto, evaluará el Gobierno en cada caso. No será esta una prerrogativa destinada a la lucha contra la corrupción, qué va, sino un paso más para el control de los derechos de los ciudadanos por parte de quien no tiene tal autorización por la Constitución. Si Garzón fue fulminantemente separado de la carrera judicial por unas escuchas avaladas por la Fiscalía y en el ejercicio de su autoridad jurisdiccional, lo que ahora pretende el Gobierno va mucho más allá y supera cualquier pretensión del orwelliano partido único, El Partido.

Plazos y falta de medios, más impunidad

Quiere nuestro Gran Hermano Mariano que los jueces tengan sólo dieciocho meses para instruir las causas penales, lo que se convierte en una absoluta desfachatez si conjugamos esa pretensión con la extendida práctica de la clase política de no dotar a los juzgados de los necesarios recursos humanos y materiales para poder investigar con garantías y celeridad. Si ésa es una asignatura eternamente pendiente no será porque no se haya reclamado su aprobado de manera insistente por todas las asociaciones de jueces y operadores jurídicos, hartos de escuchar los hipócritas quejidos sobre la lentitud de la justicia en boca de quienes tienen en su mano resolver el problema. Este viernes ha sido el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, el que ha vuelto a poner el dedo en la llaga explicando crudamente a los periodistas lo que está pasando y lo que va a seguir pasando por mucho que el Gobierno se ponga burro. Repartió para las dos instancias competentes: al Estado, por esas boberías sobre la limitación del plazo de instrucción (“conllevará más impunidad) y al de aquí, sus tacañerías. Siendo como fue elegante en sus exigencias al Gobierno canario (responsable de las dotaciones humanas y las dependencias y medios técnicos) Astor Landete reclamó para Tenerife un nuevo edificio judicial que ya les adelantamos que está en el pensadero, para gran jolgorio del empresario Antonio Plasencia y sus materializaciones RIC. Respaldó, eso sí, al juez César Romero Pamparacuatro en su posicionamiento en el caso Corredor, en el que hay 44 imputados que hoy estarían en el anonimato si no fuera porque entre ellos se encuentra el alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia, Fernando Clavijo. Para el presidente de la Audiencia Provincial, hay que prestar más atención a la petición de jueces como Pamparacuatro de gozar de refuerzo profesional cuando lo exigen las causas que tramita, pero no lo respaldó tanto en el affaire del escáner, en cuya inexistencia ha basado el instructor el retraso sufrido en el levantamiento efectivo del secreto del sumario y en la ulterior comunicación del mismo a las partes afectadas. Astor Landete llegó a decir que él mismo le ofreció el que tiene en sus dependencias.

Un escáner, 3.000 euros

Las consideraciones de Joaquín Astor Landete son de las que hay que tener en cuenta porque coinciden con las que, por lo general, sostienen los portavoces de muchas asociaciones judiciales y muchos jueces que se arriesgan a que Eligio Hernández los coloque un día de estos en el catálogo de estrellas indeseables de la judicatura. Centrándonos en el asunto de los escáneres, hemos de decirles que ya disponemos de información muy concreta de las características y precios de estos cachivaches, y no parece que haya mucha justificación para el retraso que sufrió su dotación en los juzgados de La Laguna. El que hemos retratado hoy para ustedes es el que tienen esas dependencias, un Canon modelo Image Fórmula DR-6030C, una máquina de altísimas prestaciones capaz de escanear hasta 10.000 páginas al día y de tragarse por la ranura correspondiente hasta 100 folios de un corrido. Pero no cuesta 10.000 euros la unidad, como desde Presidencia y Justicia han sostenido para justificar por qué no todos los edificios judiciales disponían de él desde que se inventaron. Un leve recorrido por internet nos conduce a afirmarles que se puede adquirir por 2.701,46 euros, si se adquiere por Lambda Tek, o por 3.376,85 euros si se acude a la plataforma eBay. Por lo tanto, o nos engañaron o el Gobierno canario ha pagado un precio que no es el oficial. Si hacían falta diez aparatos de estos y el precio medio no supera los 3.000 euros, ¿por qué no se respondió de inmediato, comprándole uno aunque fuera en la Red, al juez Pamparacuatro?

Clavijo, a fuego lento

Por cierto, hablando del caso Corredor, del escáner de los juzgados de La Laguna y de la corrupción política, hagamos una breve referencia a las implicaciones políticas que su imputación está suponiendo para Fernando Clavijo. El hombre anda sosteniéndose en pie como puede, fuertemente apoyado por su guardia pretoriana, que lo pasea sin mucho éxito por distintas plazas sin obtener resultados que se correspondan popularmente con ese esfuerzo que se hace. En sus comparecencias públicas se le nota alicaído, con menos fuerza interior con la que empezó su carrera hacia la presidencia, y con la amenaza que él mismo se impuso: me retiraré si en enero continúo imputado. Los tiempos en la justicia son muy largos, especialmente cuando se trata de causas judiciales complejas y multitudinarias, como es el caso Corredor. 44 imputados tienen los mismos derechos que Fernando Clavijo para ver resuelta su situación penal, y cada cual debería importar lo mismo para el instructor, que parece tenerlo claro. Ya ha recibido la petición de celeridad por parte del alcalde de La Laguna, pero también su deseo de que se practiquen determinadas pruebas que probablemente ha propuesto para tratar de levantar su imputación. Eso lleva su tiempo, y como alguna de las otras partes personadas/perjudicadas pida más documental, recurra cualquier resolución del juez o pida la imputación de algunos famosos personajes que aparecen en las escuchas de Clavijo y que, de momento, no están en su misma situación, es muy probable que nada se dilucide antes del mes de enero. Porque por mucho que el juez y sus funcionarios quieran darse prisa, el juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna tiene entre manos cientos de causas vivas sobre sus mesas, y sin un juez de refuerzo nada hace pensar que de manera sobrevenida aparezca la por todos deseada agilización.

¿Quiénes fueron los piratas?

Antonio Brufau ha llevado hasta Nueva York el conflicto que la empresa que preside, Repsol, tiene en las Islas Canarias, lo cual es de agradecer de antemano. Gracias, compadre. Y lo hizo poniendo su proyecto en contraposición con la preservación del medio ambiente, lo que nos aboca nuevamente a la gratitud. Gracias, don Antonio. Porque es digno de encomio que reconozca en un foro tan distinguido como la entrega de premios de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos la importancia de la contestación social, política y científica que las prospecciones de su compañía están sufriendo en Canarias, y también que se retrate afirmando, como hizo, que “una cosa es proteger el medio ambiente y otra cosa es no hacer nada”. Nadie le ha pedido a Repsol que no haga nada. Tiene muchas cosas importantes que hacer para dignificar su actividad y seguir ofreciendo dividendos a sus accionistas, solo que quizás eso requiera un esfuerzo audaz de transformación de sus actividades y, lo que es mucho más sencillo, ser sensible al clamor popular que concita lo que actualmente hace cuando pretende desembarcar como un vulgar colonizador. Brufau y su compañía empiezan a mostrar síntomas muy agudos de desgaste. Creyó las palabras del regulador cuando le dijo que no se preocupara, que el canario es un pueblo dócil que se rendiría a poco hiciera unas campañas publicitarias o, desde el Gobierno central, se anunciara que iba a haber beneficios ingentes para las Islas. Se creyó fuerte con el respaldo de Soria, y se dio un chute de cacique de alto rango cuando consiguió que la Armada española, nada menos, actuara militarmente en defensa de sus propios intereses. Pero la euforia ha dado paso de nuevo a la depresión, y muy probablemente a otros problemas que están por venir de manera inminente.

Posible acción penal internacional

Este viernes, como les anunciábamos aquí, se reunió el TSJC sin la presión de las cámaras y los periodistas. Nada ha trascendido de la primera deliberación del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero ésa es, además de la presión popular, otra amenaza que se cierne sobre el premiado Brufau y su deslenguado regulador de cabecera. Pero la semana que viene pueden encontrarse ambos, el ministro Soria y su compadre, así como el ministro Morenés y la ministra Tejerina, con un par de papelones de considerable indigestión sobre sus respectivos despachos. Porque el martes, después del puente, podrían desayunarse con la posibilidad de que España pueda ser acusada de piratería marítima por la lamentable actuación de la Armada contra las lanchas de Greenpeace el pasado mes de noviembre. La condena de esa actuación ya ha sobrepasado las fronteras isleñas para llegar al Parlamento europeo, sin menoscabo de que aún este viernes continuaban las muestras políticas de rechazo. En La Gomera, una consejera del PP en el Cabildo votó a favor de la moción de repulsa por esos ataques de la Armada, y en Telde, a propuesta de Nueva Canarias, prosperó una moción en el mismo sentido sólo votada en contra por el partido del regulador. Todo coincidía con el día en el que el Gobierno de España aprobaba un viejo expediente consistente en ampliar la plataforma continental canaria hacia el oeste más allá de las 200 millas, algo que hizo resucitar un fantasma que se cierne ahora sobre la posible responsabilidad penal de la Armada en los sucesos del pasado 15 de noviembre.

¿Cuánto cuesta un día de ‘Relámpago’?

Porque esa ampliación de la plataforma continental hacia el Oeste del Archipiélago no tiene que ver nada con las prospecciones de Repsol. Desde los tiempos del (recordado) presidente Zapatero se puso en marcha ese expediente para ampliar más allá de las 200 millas esa zona de afección limitada exclusivamente al subsuelo, siempre que las condiciones geológicas así lo permitan. La noticia no sería relevante si no fuera porque en estos momentos está en discusión la legalidad de algunas actuaciones gubernamentales hacia el otro lado, es decir, hacia el Este, hacia donde no se amplía esa plataforma continental pero tampoco se ha fijado de manera formal y legal la Zona Económica Exclusiva, que sí afecta al subsuelo y a su correspondiente lámina de agua. España, por mucho que haya mentido Soria en sentido contrario, no ha depositado las cartas náuticas de esa zona exclusiva, con su mediana correspondiente respecto a Marruecos, ante la comisión correspondiente de la ONU y en base a la convención del mar. Y por mucho que el país vecino no haya dicho esta boca es mía, lo cierto es que la zona donde actúa Repsol tiene, en rigor, la consideración de aguas internacionales. Así lo sostienen destacados juristas vinculados al Gobierno de Canarias, que estiman que, siendo así, España no pueda imponer sus leyes en aguas internacionales. Por lo tanto, el martes podríamos encontrarnos con un anuncio oficial que venga a decir que el que cometió un presunto acto de piratería no fue la organización Greenpeace, sino el Estado español asaltando a sus lanchas. No descarten que Greenpeace acuda a organismos internacionales a hacer valer esos derechos, ni que el Gobierno de Canarias añada a su agenda de actos punibles los sucesos del Relámpago. Por cierto, estamos a la espera de saber cuánto está costando a los contribuyentes españoles estas semanas de vigilancia privada de las prospecciones de una empresa multinacional a cargo de efectivos de la Armada española. Y el tiempo que está tardando Repsol en sustituir esos impagados servicios por los de una compañía privada de seguridad que, por cierto, habría de tropezarse con las mismas restricciones legales aquí expuestas.