Es una temeridad pensar que el mal comienzo que ha tenido el actual mandato en el Cabildo de Gran Canaria, inaugurado tras las elecciones de mayo, pueda acabar bien. Las maniobras de su presidente, José Miguel Bravo de Laguna, orientadas a bloquear cualquier posible intento de la oposición de hacer peligrar su mayoría relativa de 14 consejeros lo han convertido en el jefe del negociado de recursos humanos de la Corporación, en lugar de un presidente que esté a lo que dicten los designios democráticos. Es Bravo de Laguna el que compra a un tránsfuga con dinero público casi desde el primer minuto; es Bravo de Laguna el que conduce a Soria a su acuerdo con el CCN para solidificar ese acuerdo cabildicio, y es Bravo de Laguna el que permanentemente tienta a los restos de Coalición Canaria en la Corporación para destrozarlos internamente también con promesas laborales. No es el único culpable, claro que no. Los que aceptan el trato lo son tanto o más. Lo es Juan Domínguez por prestarse al enjuague; lo es Nacho González, al que hay que disculparle al menos que nunca ocultó que el CCN es su empresa, y lo ha sido este viernes Antonio Hernández Lobo, que se ha rendido cautivado por las promesas y se ha abstenido ante unos presupuestos vergonzosos para el resto de la oposición. Y ofensivos en los tiempos de crisis y de recortes sociales en los que estamos sumergidos.