En este país tan dado a la pandereta y al amaño, una empresa de la envergadura de DISA eligió, en vez del reconocimiento y la reconducción del entuerto, enfrentarse a la Autoridad Portuaria y al interés general a través de los tribunales de justicia, a ver si en una de éstas sonaba la flauta y le permitían legalizar por la remanguillé lo que durante 22 años ha sido una auténtica barbaridad. Y todo ello con el conocimiento pleno de que el organismo portuario había puesto en marcha en diciembre de 2006, por iniciativa de Mayoral, la exigencia de regularización de aquella anómala situación. Pocos días antes del último consejo de administración de la Autoridad Portuaria, a sabiendas de que se iba a abordar el rescate de la concesión, la empresa distribuidora de combustibles presentó deprisa y corriendo su proyecto para solicitar lo que debió haber solicitado hace dos décadas. Además de la multa que ya le ha impuesto Fomento, de casi 50.000 euros, DISA podría adeudar a la Autoridad Portuaria, a precios actuales, unos 635.000 euros, producto de multiplicar sus 3.210 metros cuadrados de concesión por nueve euros al año, por 22 de impagos.