La cosa se anima por momentos. El que fuera delegado de Serramar en Canarias, Rafael Gallego, actualmente cumpliendo condena de ocho años en la prisión Tenerife II, telefoneó este martes al presidente de Seguridad Integral Canaria para ofrecerse a aclarar todas las irregularidades que conoce. Según una fuente de la empresa que preside Miguel Ángel Ramírez, Gallego ha pedido que un notario y un abogado se personen en la prisión tinerfeña para contar todo lo que sabe de esas presuntas irregularidades. Asimismo, se ha ofrecido para actuar como testigo en la querella que Seguridad Integral Canaria piensa interponer contra su ex coordinador de servicios José Ángel García y contra todas las personas que hayan tenido que ver con la presunta estafa a la compañía y al Cabildo. La querella podría incluir otros delitos, como falsedad en documento oficial o usurpación de funciones públicas.