Justo es, sin embargo, resaltar que al marqués de las dunas no le ha caído una condena por prevaricación por el sencillo hecho de esa prescripción tan estudiada y aparentemente tan medida. Aún así, está condenado por intrusismo y, en aplicación de la doctrina del PP para con sus cargos públicos y orgánicos y su militancia en general, habría que abrirle de inmediato un expediente de expulsión y rogarle que devuelva su acta de parlamentario regional. No ocurrirá así, ya lo verán, porque González Arroyo tiene bien fijados sus apoyos en Fuerteventura, donde es presidente del PP, frente a las apetencias de Larry Álvarez de promocionar a Águeda Montelongo para igual puesto. No cabe esperar nada del PP en torno a la corrupción salvo que la Justicia algún día llegue hasta el final.