Los papeles que ya rulan por los despachos oficiales y las redacciones de algunos periódicos dejan a los pies de los caballos a la directora general de Consumo, Sinesia Medina, que se lanzó a la piscina al día siguiente de que Santiago Pérez se quejara de la opacidad de su departamento a la hora de facilitar documentos al Parlamento sobre esa amnistía sancionadora. Porque un escrito firmado por una de sus antecesoras en el cargo colocaba en el limbo administrativo y jurídico a un buen porrón de esas resoluciones sancionadoras alegando la imposibilidad de tramitarlas por falta de personal. Una falta de personal que, en este caso, se ha saldado con una canasta de tres, imposible en el baloncesto pero muy habitual en la práctica administrativa y política de la Comunidad Autónoma. Los centenares de sanciones impuestas a empresas de sectores como la alimentación, el pequeño y gran comercio, la automoción y la automoción supondrían una pasta gansa dejada de recaudar alegando que no había un mísero funcionario que enviara las resoluciones a la Consejería de Hacienda para instar a su cobro. Pongan ceros a 18 y no se equivocarán mucho.