Cuentan los que alguna vez formaron parte del consejo de administración de La Caja, que la etapa de Juan Francisco García como director general era una auténtica dictadura, como la que se evidenció en el reciente proceso electoral de la entidad. Los trabajadores del edificio de Triana 110, donde estaba la dirección general, tenían que bajarse del ascensor cuando iba a subirse García. En el consejo, el director general cubría el expediente, es decir, comunicaba sus decisiones en un tono de voz ininteligible. Nadie discrepaba, nadie pedía un informe o una aclaración, todos asentían y otorgaban poderes amplios al director general para que hiciera y deshiciera a su antojo. Por eso la querella, de 70 floridos folios más anexos, es un rosario de irregularidades cometidas bajo el manto de una indecente impunidad y particularmente dirigida al que hoy, nueve años después, quiere seguir controlando La Caja.