El Gobierno de Canarias espera poder resolver algunos de los conflictos abiertos con determinados medios de comunicación a raíz del concurso de radios, para lo cual se le abren ahora dos vías. La primera y más inmediata es que haya habido adjudicatarios que no hayan podido acreditar en tiempo y forma estar al corriente en el pago de tributos. En tal caso, antes de la adjudicación definitiva de las 156 frecuencias, que todavía no se ha producido, correría la lista de adjudicatarios para dar entrada a los siguientes clasificados. El siguiente lote de nuevas adjudicaciones vendría dado por los incumplimientos de los ganadores, incumplimientos que podrían venir por no hacer frente exigencias del concurso, como por ejemplo, no emitir en el plazo prometido, no crear los contenidos y el número de puestos de trabajo anunciados, no abrir estudios en las comarcas acordadas... En esos casos perderían las licencias, pero para ello haría falta una denuncia, un expediente administrativo y otro judicial, con sus correspondientes resoluciones firmes. Pero, ¿cómo sabrá el público cuál fue el compromiso de cada cual? Se sabrá muy pronto y será de acceso universal, para que nadie se lleve a engaño, ni adjudicatarios ni indignados. Mientras tanto, la próxima semana podría ponerse en marcha en Madrid la anunciada comisión mixta entre los Gobiernos central y canario para estudiar la posibilidad técnica de permitir a las islas licitar entre treinta y ochenta nuevas frecuencias. De acordarse esa ampliación en el espacio radioeléctrico, habría un nuevo concurso público al que podrían concurrir quien quisiera, incluso las empresas ganadoras. No hay que descartar que de ese cupo se reserven frecuencias para emisoras educativas y radios comunitarias, que se quedaron fuera de esta convocatoria.