No saben la alegría que nos ha proporcionado el fiscal provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, con su decisión de archivar las diligencias abiertas contra el concejal teldense Guillermo Reyes, experto en permutas y en brujería urbanística. Dice Panasco que las chiripitifláuticas declaraciones de Reyes calificando de “circo” lo hecho por el juez instructor del caso Faycán y acusando a la Policía de “poca vergüenza” por haber detenido a imputados y registrado el Ayuntamiento “sin orden judicial”, deben inscribirse en su derecho a la libertad de expresión “sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia”. Bien. Debemos colegir, por tanto, que en ese amplio terreno de crítica a la Administración de Justicia se incluyen la Fiscalía y la presidencia del TSJC, porque si mal no recordamos, el Ministerio Público sólo ha incoado diligencias de oficio en una ocasión en su larga historia, y fue contra un ciudadano que criticó a un magistrado. El ciudadano se llama Carmelo Padrón y el magistrado, Fernando de Lorenzo. Pero insistimos, nos alegra la defensa de la libertad de expresión que ha hecho en esta ocasión la Fiscalía canaria. ¿Está a la escucha el fiscal Amor?