No se habían apagado aún los ecos de la última trifulca judicial protagonizada por el sector de las ambulancias cuando nos enteramos por el Diario de Avisos de que había ardido en Lanzarote un UVI móvil por unas presuntas desavenencias entre empresas competidoras. No conviene reducir al ámbito de lo anecdótico el suceso porque llueve sobre mojado en un mundillo donde se han disparado estos últimos años las sospechas de concursos amañados, de empresas favorecidas por el órgano de contratación, la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias, con firmas históricas arruinadas mientras se hacen de oro las recién llegadas al sector tras reconvertirse, ¡alehop!, de talleres de reparación de automóviles en prósperos negocios sanitarios. El atentado sufrido por esa ambulancia en Lanzarote ha llevado a la Policía a sospechar que se trata de una consecuencia directa de las desavenencias empresariales entre la firma propietaria del vehículo y una competidora que, de buenas a primeras, perdió un contrato con la mutualidad Fremap. El responsable de la ambulancia quemada denunció el pasado día 4 ante la Guardia Civil unas amenazas proferidas por el dueño de la competencia, que le habló de muerte y de un ataúd de pino para regresar a Gran Canaria. El desenlace policial, en breve.