Les recomendamos que estén muy atentos a la evolución de este concurso de ambulancias, o mejor dicho, a ese ramillete de concursos de ambulancias divididos, como decíamos, en lotes geográficos que se repartieron en mesas de contratación controladas en comandita por la gente de Mercedes Roldós (PP) y por la gente de José Miguel Ruano (CC), ex consejeros de Sanidad y de Presidencia, Justicia y Seguridad, respectivamente. Ambos controlaban la empresa matriz de esas multimillonarias licitaciones, Gestión Sanitaria de Canarias, a cuyo frente Soria tenía colocado a un hombre de la confianza del PP, el comisario de Policía en excedencia Luis Molina, hoy destinado a tareas asesoras en el Cabildo de Gran Canaria, en manos del mismo partido. Luis Molina fue el encargado de introducir por la puerta de atrás en la Consejería de Sanidad al abogado Javier Artiles, que acto seguido apareció tan campante asesorando al Servicio Canario de Salud en multitud de pliegos de condiciones y participando en mesas de contratación ante el estupor y la queja de jefes de servicio que incluso llegaron a hacer constar su malestar por escrito. Artiles, según hizo constar por escrito una jefe de servicio en una de esas actas, participó en la mesa que adjudicó los concursos de ambulancias y, tras las denuncias formuladas por los afectados, se convirtió en el abogado defensor de los imputados Luis Molina, Lourdes Quesada, Guillermo Martinón y otros. Así fue hasta que, tras la salida del PP del Gobierno, el sucesor de Roldós, Fernando Bañolas, canceló todos los contratos que la Administración mantenía con el letrado. A todos los funcionarios imputados los defienden ahora los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, lo que no deja de tener su guasa. Artiles está imputado en otra causa, Lifeblood, un concurso de la misma casa madre.