El casimirato, en la picota. El Partido Socialista Canario se debate estos días en torno a la aplicación de su propia doctrina sobre las responsabilidades políticas en momentos de imputación judicial tras leer en el diario ABC que la Fiscalía ha ampliado a Casimiro Curbelo una querella por prevaricación y otros delitos relacionados con la corrupción en la que inicialmente sólo estaba imputado uno de sus consejeros, ya dimitido. La querella inicial fue fruto de una denuncia anónima bastante minuciosa y muy bien documentada (tiene 42 anexos documentales, la muy jodida) que tiene toda la pinta de provenir de los aledaños del Gobierno, conocedor como él sólo de qué se hizo en aquel plan parcial gomero que convirtió en urbanizable para uso turístico un suelo rústico propiedad del consejero ya dimitido. Pero la autorización final la firmó Casimiro Curbelo, que asumió las competencias que tenía delegadas, lo que le convierte ahora en pasto de la doctrina socialista: dimisión o afrenta pública. Porque conspirar contra López Aguilar dicen que ya lo hace.