No pudo ser más inoportuna la sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes en la que se condena al Parlamento de Canarias por haber enchufado a dedo a once trabajadores sin las mínimas prevenciones de igualdad de oportunidades, publicidad, pública concurrencia, capacidad y méritos. Una práctica, por lo demás, tan habitual en la Administración canaria que hasta resulta un acontecimiento saber que hubo denuncia y, muchos años después, sentencia firme. Ya es grave que en una administración pública los mandamases enchufen a los suyos; y grave es que dos sentencias seguidas (el TSJC y el Supremo) condenen a esa institución. Pero es que estamos hablando de cómo llueve sobre mojado en el tejado de una Cámara legislativa que lleva tiempo haciendo aguas por todos lados. La misma que también fue condenada por expropiar a las bravas a los vecinos para ampliar su sede. La institución de los más recientes atropellos democráticos.