Los más profundos conocedores de esta investigación iniciada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a través de su responsable de Delitos Económicos no se esconden para confesar que la denuncia tiene un marcado carácter político, que Cardona ha actuado siempre con el estímulo y bajo las órdenes de José Manuel Soria, que ha visto en este asunto una oportunidad inigualable de pasar varias facturas. En primera instancia, al que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria durante el periodo que se investiga (2007-2001), como si la existencia de las irregularidades denunciadas se iniciaran en un mandato donde, por el contrario, se intentó al menos rebajar (y se rebajó) la desmesurada suma que se paga a Satocan (socio de Sacyr-Valoriza) por el alquiler de las oficinas de Las Ramblas. De manera colateral también se va a llevar lo suyo el actual presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, al que Soria quiere tener atado más corto tras cerciorarse de que ordenará de inmediato izar la bandera de la Fuente Luminosa para celebrar la caída del líder indiscutible del PP canario. Bravo de Laguna fue, hasta 2010, secretario de los consejos de administración de Emalsa y de Sercanarias, la compañía formada por los socios privados para llevarse todas las obras y más de empresa de suministro de agua de Las Palmas de Gran Canaria. Además, el presidente del Cabildo fue siempre el abogado para asuntos contencioso-administrativos del otro gran objetivo de esta operación, Rafael González Bravo de Laguna, empresario al que Soria se la tiene jurada desde que declaró como testigo en el caso Isolux y aseguró ante un tribunal que el hoy ministro le amenazó con que “los franceses [en referencia al grupo Bouygues, que González representa] no volverían a trabajar en Canarias” si no retiraban el recurso que habían anunciado contra la adjudicación de aquellos bastidores de ósmosis inversa en las potabilizadoras de la ciudad. El despacho del hoy presidente del Cabildo era, mira tú qué cosas, el autor de aquel recurso non nato. A la fiscalía no se le pasa por la cabeza salirse de ese guion: Saavedra, Bravo de Laguna y González Bravo de Laguna, para lo que es inevitable meter en el saco también a Satocan, a Valiriza y a todos sus representantes en presencia. Pero ni un atisbo, de momento, referido a lo que le ha costado a Emalsa el caso Isolux (adjudicado por Pepa Luzardo pero encaminado por Soria en 2007), a la adjudicación de 2011 desde las minas chilenas o a las dos sentencias contradictorias de Gómez Cáceres cuyos pormenores algunos compañeros de su sala estarían encantados de relatar.