En su informe, Ignacio Calatayud trata de arrimar nuevamente el ascua a su sardina tratando de deslegitimar la oferta de Canariaudit por haber colaborado con la Audiencia de Cuentas de Canarias en la elaboración de la auditoría de esos centros en 2002, lo que a su juicio le confiere “falta de independencia”. Obvia el señor Calatayud que Canariaudit hizo un encargo de colaboración que no fue contratado por el Cabildo para una auditoría interna propia o de los centros turísticos, sino por el órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma. Además, le achaca haber ofertado para el trabajo a muy pocos auditores, lo que a su juicio, le incapacitaría para acabarlo dentro de los plazos. Pero la documentación que consta en los autos judiciales ahora sentenciados arroja unos datos verdaderamente sonrojantes para el letrado asesor: en su día fue él quien, desde el Cabildo, pidió a la empresa KPGM que descontara de su factura de honorarios los gastos de manutención y estancia del personal auditor que se desplazó a Lanzarote a realizar el trabajo. No se lo pierdan, que es de traca.