A la juez Virginia Peña, titular de Primera Instancia e Instrucción 7 de Telde, encargada también de Violencia de Género en ese partido judicial, se le ha llenado la cachimba. La magistrada, recién llegada a esa plaza, su primer destino, reunió a finales de la semana pasada a todos los profesionales que tienen que ver con la investigación de la muerte por envenenamiento de la enfermera Laura G. para leerles la cartilla. Les dijo que no quería leer ni escuchar ni una noticia más sobre el caso, cuyas diligencias están secretas, en ningún medio de comunicación, so pena de cortarle la cabeza a alguno o a alguna. La juez estaba indignada porque algunas de las pesquisas policiales aparecían antes en los papeles que en los oficios remitidos a su juzgado, y dijo que el éxito de la investigación iba a estar en la máxima reserva y discreción. Desde entonces, no hay manera de encontrar una novedad acerca de lo que encontró su señoría en las taquillas de Laura G. y su presunto asesino, Iván R., registradas la semana pasada; o si ya se le realizó al hijo de ambos la prueba capilar que confirmara o desmintiera la presencia de talio u otras sustancias halladas en la autopsia de su madre; o si ya llegaron los análisis toxicológicos enviados a laboratorios especializados. En fin, que tendremos que perseverar un poco más hasta poder cumplir con nuestra función de acercarles las novedades sobre un caso de tan amplia repercusión social.