Andaba Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias, escondido bajo la pesada losa del tiempo transcurrido desde que estallara en 2006 el caso Eolo, y justo ha tenido que ser el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de La Laguna, quien lo desempolve y pasee por las primeras planas con una decisión más que polémica, y por fuerza casualmente sospechosa. Perdomo, principal imputado del caso de presunta corrupción en el fallido concurso de asignación de potencia eólica de 2005, ha sido promocionado en el Cabildo al puesto relevante de inspector de servicios, con un incremento de 4.000 euros brutos anuales en su sueldo, ascenso confirmado esta misma semana en la comisión de Recursos Humanos. Y la jugada empieza a verse de lejos cuando ahora trasciende que la Audiencia Provincial ha fijado el último día hábil del curso jurídico, 31 de julio, para que se celebre la primera de las sesiones del juicio oral, en el que el ministerio público pide 7 años de prisión para el nuevo inspector de servicios del Cabildo de Gran Canaria. No hay datos concretos que establezcan un paralelismo entre el inminente comienzo del juicio eólico que avanzaba este viernes Canarias7 y el ascenso de Celso Perdomo dentro de la administración pública insular gobernada por el PP, pero a buen seguro el principal imputado del caso y subordinado del hermano de José Manuel Soria, Luis, consejero de Industria responsable del fallido concurso en 2005 que habrá de comparecer como testigo, se sentirá más respaldado y menos solo, menos tentado de mirar y contar hacia arriba tiburones ante sus señorías de la Sección Primera cuando tenga que sentarse en el banquillo de los acusados con el resto de los lebranchos. No hay garantía alguna de que el juicio comience ese 31 de julio con las cuestiones previas, dada la recurrente estrategia de las defensas, pero ya es todo un detalle que invita calcular que a la vuelta de las vacaciones de sus señorías, Eolo va a calentar de lo lindo el otoño canario...