No queremos ni pensar que José Manuel Soria y sus adláteres mediáticos pueden estar insinuando, siquiera por asomo, que también la Sección VI de la Audiencia Provincial está en ese conchabo contra el empresario Santana Cazorla y contra los presuntos (y no tanto) corruptos del PP. Porque, como ha venido insinuando de modo constante el presidente de ese partido, fue Juan Fernando López Aguilar quien en Canarias ordenaba las detenciones, las escuchas telefónicas, las aperturas de diligencias, los autos de secreto de los sumarios y hasta la retirada de pasaportes de los detenidos. De ser cierta esa burrada, debemos pensar que Soria lo ha sabido por tradición oral, es decir, porque se lo han contado sus compañeros de partido, que le deben haber explicado que así también lo habría hecho Michavilla, por poner un ejemplo. Tampoco queremos pensar que esas prácticas que atribuye al ex ministro socialista de Justicia se extendieran por las delegaciones del Gobierno de España, desde donde se pudieran ordenar a la Policía determinadas detenciones. Por ejemplo, de algún periodista cabreado con la esposa de Larry Álvarez. Sin ir más lejos.