No corren buenos tiempos para aquellas componendas de antaño, cuando desde un despacho gubernamental se organizaba un negocio público y se colocaba en manos particulares con un desparpajo digno del más gracioso de los números circenses. Porque así fue montado el negocio del gas: un puñado para Endesa, otro para las cajas de ahorro canarias, una participación mínima para el Gobierno a través de Sodecan, y más del 40% para determinados empresarios canarios, elegidos sin más criterio que la simpatía del momento. Todos pensaron entonces que no habría contestación, que el poder era monolítico e insustituible, y la oposición, incapaz de alcanzar jamás los niveles de decisión que hoy tiene. Y de fondo, sin desfallecer ni un ápice, la Mancomunidad del Sureste, con el alcalde Antonio Morales empeñado en no admitir una planta regasificadora en el polígono-muelle industrial de Arinaga, tantas veces utilizado por otros como tapete para las más obscenas partidas de póquer.