Se quejan con solemnidad y tronío algunos dirigentes políticos de Canarias de que no hay sentencias firmes que permitan a la ciudadanía señalar como chorizos a algunos políticos isleños que han metido con demasiada frecuencia la mano en la lata del gofio. Y tienen sus razones. Procedimientos como la trama eólica, que estalló a principios de 2006, se dilatan muchísimo en el tiempo como consecuencia de todos los plazos que deben cumplirse para garantizar a los imputados sus derechos constitucionales. Juicios como ese, el eólico, tardarán aún meses en celebrarse (incluso puede que un año) para dar cumplida respuesta a la avalancha de recursos que las defensas de los acusados han planteado en tiempo y forma. Luego están los juicios que se celebran y que, merced a esos mismos derechos que todos tenemos, dilatan su sentencia definitiva por espacio de meses, incluso de años. Es el caso de la condena anulada al ex diputado gomero Esteban Bethencourt, que fue condenado en diciembre de 2009 a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos durante su larguísima trayectoria como alcalde de Valle Gran Rey. Pero es él afectado, el acusado, quien está dilatando el procedimiento para poder llegar sin condena firme a las elecciones de mayo próximo. Veamos cómo.