Resulta sorprendente que el grupo de gobierno de La Oliva, formado por el PSOE y el partido de Domingo González Arroyo, haya aceptado la imposición de este último de contratar a Javier Artiles, polémico abogado donde los haya, que ha defendido al marqués en múltiples ocasiones, incluso penales. Arroyo, que ahora preside el Partido Progresista Majorero en lo que Soria (y van cuatro) se marcha del PP, sabe que hay marrón y que en otros tiempos su letrado fue un consumado experto en marrones. Lo malo es que sobre la urbanización de Majanicho pesan muchas variables, y una de ellas es la posibilidad de que Agonane-Ecologistas en Acción pida la ejecución de sentencia y la Justicia ordene demoler esa urbanización turística montada sobre un plan parcial y unas licencias urbanísticas ilegales en su conjunto. Del plan parcial de 2000 y del convenio urbanístico de 2004 es responsable González Arroyo, pero las licencias aparecen firmadas por la presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, que también fue alcaldesa y no pudo, supo o quiso arreglar aquel desaguisado. Ahora le toca al letrado Javier Artiles estudiar la sentencia del Supremo del pasado mes de febrero y cobrar una pasta por decir que aquello tiene poco encaje, o al menos poco encaje si no aparece un pastón para indemnizar a los viejitos ingleses que han comprado allí su chalecito para jubilarse, y a la empresa que dio el pelotazo, Nombredo SL, también de raíces asturianas, mira tú que cosas.